Ledy Zúñiga, ministra de Justicia, en entrevista en Notimundo a la Carta, con Marcela Holguín, informó que en el 2015 se contabilizan alrededor de 190 000 demandas por alimentos, de las cuales más del 50% se solucionaron por acuerdos de pagos entre las partes y, únicamente, el 0,45% (800 personas) terminaron con medidas de apremio personal en los distintos centros de Detención Provisional del país. «En este porcentaje se pudo determinar que hay varios casos y que la medida de privación de libertad no está siendo totalmente efectiva. Sin embargo, no se ha planteado eliminar totalmente el apremio personal y hay casos en que el padre o madre alimentante deben seguir pagando la pena», afirmó.
Mientras tanto, para los casos en los que el padre o madre de familia entran y salen (o están) todo el año sin pagar la obligación, generan un costo al Estado y violentan el derecho superior del menor, el Ministerio de Justicia analiza las siguientes medidas en reemplazo del apremio personal: El uso de los dispositivos de vigilancia electrónica para limitar su movimiento; el arresto nocturno; y la posibilidad de que el Estado pueda pagar la pensión alimenticia y la persona deudora descuente ese valor con trabajo para el Estado. «Lo que buscamos con estas reformas es garantizar el acceso de los menores a su derecho de alimentos», afirmó.
Asimismo, Zúñiga indicó que el uso de los dispositivos de vigilancia electrónica se usará, además, para delitos leves y estarán en funcionamiento a partir de marzo de 2016, cuando se realice el proceso de contratación. «Se implementarán 4.000 dispositivos de vigilancia electrónica. Estamos realizando pruebas técnicas, a fin de garantizar perfecto funcionamiento», afirmó la funcionaria, quien añadió que su uso se determinará en los siguientes aspectos: como medida de protección a favor de la víctima; como medida cautelar para personas procesadas por delitos menores; en casos de mujeres embarazadas, personas mayores de 65 años o con enfermedad incurable en etapa terminal y para personas que han devengado más del 60% de la pena y cumplen los requisitos necesarios para acceder a beneficios del sistema.
