La legisladora Ximena Ponce, vicepresidenta de la Comisión de Educación, señaló que la depuración del sistema de educación superior permite poner en marcha sistemas posibles de creatividad e innovación que son las bases de la economía social de los conocimientos.
Indicó que debe quedar claro el funcionamiento específico del fideicomiso mercantil que consta en el artículo 3 del proyecto que busca precautelar los derechos de los trabajadores de las universidades y escuelas politécnicas extintas, pagar los pasivos a favor del sector público y transferir los excedentes a favor de las instituciones de educación superior beneficiarias. Es importante proceder a una revisión de los plazos para cumplimiento del objeto del fideicomiso, teniendo en cuenta la disponibilidad de los activos en función de su situación legal y de la capacidad operativa del fideicomiso. Sobre acreencias entre instituciones extintas dijo que es necesario determinar cuál es la dinámica de la compensación, tal vez al amparo de las reglas previstas en el Código Civil, y como dicha compensación opera y se transparenta en el caso específico.
Entre tanto, el asambleísta Moisés Tacle señaló que la norma constitucional y legal establece los plazos para la evaluación y categorización de las universidades, tras precisar que el acceso a la universidad debe estar disponible para todos los ecuatorianos y que para ello es necesario nivelar los conocimientos.
Por su parte el parlamentario Gastón Gagliardo subrayó que con este cuerpo legal se cierra un capítulo nefasto de la educación superior que tuvo que ver con una estafa colectiva a estudiantes; mientras que el asambleísta Wilson Chicaiza dijo que en la propuesta se establece el cierre de 14 universidades que en la práctica ya no funcionan pero se necesita una normativa para extinguirlas. Sugirió se haga un informe de cada universidad que se cierre para saber que bienes tuvieron y cómo se liquidaron.
La asambleísta Teresa Benavides indicó el proyecto tiene como fin salir de aquellas universidades que no ofrecían ni cumplían los parámetros de calidad que exige un centro universitario, por ello, deben ser extinguidas de manera definitiva: 13 que fueron abiertas mediante ley y una por decreto ejecutivo.
Ramiro Aguilar solicitó a la Comisión de Educación que en el informe para segundo debate adjunte la auditoría realizada a las universidades cerradas. Yolanda Chamorro al recordar que la educación debe ser de calidad porque es un requisito fundamental para el cambio de la matriz productiva y la consecución del buen vivir, expresó que es necesario extinguir las universidades que estuvieron suspendidas, tras precisar que entre 1992 y 2006 se crearon 45 universidades de garaje, de baja calidad académica
De su lado, José Moncayo recordó que el debate se lo hace sobre la base de Mandato Constituyente 14 aprobado en el 2009, mientras que Gabriel Rivera subrayó que la extinción de universidades cerradas se sustenta en el artículo 203 de la Ley de Educación Superior (LOES). Señaló que la gratuidad de la educación debe ir acompañada de su mejoramiento. Al referirse al fideicomiso dijo estar de acuerdo con la creación del mismo a efectos de que responda por los valores que aún se adeudan. Hay que virar la página para acabar con esa época de explotación y estafa a los estudiantes del país, subrayó.
Por último, su parte, el asambleísta Armando Aguilar recordó que en los próximos días el Ejecutivo enviará el proyecto de reformas a la Ley de Creación de la Universidad Estatal Amazónica, con lo cual se tendrá oferta académica de educación superior, tanto de lo que es la Universidad Nacional de Educación cuanto de la Universidad Estatal Amazónica, por ello, los bienes de las universidades extintas deberían contribuir para fortalecer y utilizarlos provisionalmente para que sirvan como sedes y aulas para estas áreas académicas que empezarán a ofertar en la provincia de Sucumbíos que tanto falta hace a la región amazónica.
