La moción que aprobó la mayoría de la Comisión fue presentada por la asambleísta Ana Herrera. Se plantearon al Ejecutivo las siguientes observaciones y requerimientos:
Observaciones
- Revisar las asignaciones de los sectores de salud y educación, a efectos de garantizar los respectivos incrementos anuales establecidos en la Constitución de la República, y principalmente para cubrir el permanente incremento de la demanda de sus servicios por parte de los ciudadanos.
- Revisar las asignaciones o procurar compensaciones que aseguren a las universidades y escuelas politécnicas ampliar los cupos para nuevos estudiantes que cada año se incrementa su número y que aspiran acceder a la educación superior, así como para reactivar la investigación.
- Especificar los montos esperados a recaudarse por cada activo público no financiero que está programado para su venta o monetización, así como las gestiones planificadas para tal efecto y el o los modelos o mecanismos definidos con este propósito.
- Especificar los pasivos, sus montos y condiciones financieras que serán cubiertos por el programa de preservación de capital, así como el origen, tipo y condiciones financieras de los recursos que se esperan obtener.
- Aclarar con información técnica necesaria, la discrepancia existente entre el ingreso de IVA proyectado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) y lo contemplado en la proforma presupuestaria.
- Remitir los siguientes documentos complementarios a la programación cuatrianual: evolución reciente de los gastos sectoriales; techos presupuestarios cuatrianuales globales institucionales y de gasto; explicación de diferencias con respecto a la última programación cuatrianual.
Requerimientos
- Realizar las acciones correspondientes que permitan modificar el mecanismo de asignación de recursos presupuestarios a las universidades y escuelas politécnicas, a efectos de que las variaciones año a año sean consistentes con la demanda de cupos por parte de los nuevos estudiantes que buscan acceder a la educación superior.
- Realizar las acciones correspondientes para normar con precisión la base a utilizarse en todos los casos que puedan presentarse para el cálculo de los incrementos anuales en las asignaciones a los sectores de educación y salud, así como la base para la determinación de los techos de las asignaciones anuales definidas en la Constitución.
- Entregar la información necesaria para esclarecer los distintos mecanismos de financiamiento interno que el Gobierno planea utilizar para el ejercicio fiscal 2022.
- Remitir la información necesaria para verificar la adecuación de la proforma presupuestaria, con el Plan Nacional de Desarrollo sus objetivos y metas, así como el avance de las mismas, que se pretenden conseguir durante el 2022.
Votaron a favor de estos 10 puntos los asambleístas: la presidenta de la Comisión, Mireya Pazmiño (PK), Johnny Terán (PSC), Ana Herrera (UNES), Blasco Luna (UNES), y Pabel Muñoz (UNES).
En cambio, los legisladores que se abstuvieron fueron: Alberto Chiriboga (BAN), Byron Maldonado (BAN), Diego Ordóñez (BAN), Eitel Zambrano (BAN). El informe se votará en el Pleno, en un solo debate.
La Proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) de 2022 asciende a $ 33.899,73 millones. Se proyectan ingresos totales por $ 24.114,62 millones y gastos por $ 27.898,12 millones, lo que arroja un déficit fiscal de $ 3.783,50 millones, equivalente a 3,45 % del producto interno bruto (PIB). Las necesidades de financiamiento se estiman en $ 9.768,85 millones.
En los supuestos macroeconómicos se fijó el precio promedio del petróleo en $ 59,20 y una producción de 179,88 millones de barriles. Además, se prevé que la economía crezca el 2,8 % en 2022, que representa un PIB de $ 109.618,57 millones. Para el año 2025 se plantea un escenario de crecimiento del 5 %. La inflación promedio para 2022 se estima en el 1,28 %.
Las asignaciones a los sectores de salud y educación han sido temas de discordia. Algunos asambleístas, así como las instituciones afectadas, sostienen que los recursos se han disminuido, incumpliendo el mandato constitucional. Además, el Gobierno estaría haciendo mal al calcular las asignaciones con base en el presupuesto codificado de agosto de 2021, cuando lo que correspondería es que se distribuya con base en el presupuesto codificado de diciembre de 2020.
Según los cálculos oficiales, los recursos presupuestados sí garantizan el incremento constitucional del 0,5 % del PIB para salud y educación. En el caso de la salud, la proforma contempla $ 3.162,48 millones, para educación se proyectan $ 4.861,18 millones.
Fuente: El Universo – Nota Original: LINK
