La afirmación de Rousseff consta en documentos que su despacho envió al Tribunal Superior Electoral en el marco de un proceso en el que la oposición pide despojarla de su mandato por supuestos abusos y fraudes en la financiación de su campaña para las elecciones de 2014, en las que fue reelegida para un segundo período consecutivo.
Los documentos obtenidos por la prensa local niegan en forma contundente todas las acusaciones y las atribuyen al supuesto «inconformismo» del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) frente a la derrota electoral de su candidato, Aécio Neves.
La denuncia del PSDB sostiene que durante la campaña electoral de 2014 la fórmula integrada por Rousseff y su vicepresidente, Michel Temer, incurrió en «abusos con cadenas nacionales», «manipulación de datos socioeconómicos», «uso indebido de predios públicos» y propaganda electoral en «períodos de veda».
También presentó indicios que pueden sugerir que parte del dinero desviado de las corruptelas en la estatal Petrobras fue usado para financiar la campaña de Rousseff y Temer, lo cual resumió en una acusación de «abuso acumulado con perpetración de fraude».
La respuesta de Rousseff al tribunal electoral dice que si hay alguna sospecha sobre el dinero recibido para su campaña, esa misma duda debería existir sobre Neves, quien también recibió donaciones de empresas implicadas en el caso de corrupción en la petrolera.
Tanto Rousseff como Neves han admitido que a sus campañas llegó dinero de empresas salpicadas por el escándalo en Petrobras, pero en ambos casos sostienen que fueron donaciones legales y debidamente declaradas ante las autoridades electorales.
Los documentos remitidos por la mandataria también dicen que el PSDB «busca en la justicia electoral los innumerables votos que no logró en las urnas» y sostienen que, en una democracia, «reconocer la derrota es más importante que ganar las elecciones».
En las elecciones de 2014, Rousseff fue reelegida en segunda vuelta con un 51,64 % de los votos, frente al 48,36 % que obtuvo el senador Neves, actual presidente del PSDB.
Si la acción prosperara, tanto Rousseff como el vicepresidente Temer podrían ser despojados de sus cargos por la Justicia, que a su vez debería convocar a unas nuevas elecciones.
Este proceso corre en paralelo a los trámites iniciados por el Congreso para un posible juicio con miras a la destitución de la mandataria por unas maniobras destinadas a maquillar los resultados fiscales del Gobierno durante 2014 y 2015.
La Cámara de Diputados inició ese trámite en diciembre pasado, pero debió suspenderlo por «errores de procedimiento» detectados por la Corte Suprema, que ordenó reiniciar todo el proceso.
Sin embargo, el proceso contra Rousseff está paralizado, ya que el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, ha pedido algunas aclaraciones sobre esa sentencia al Supremo, que todavía no se ha pronunciado.
