Para Pedro Bermeo, vocero del colectivo Yasunidos, existe un total desconocimiento de los fenómenos ambientales y la crisis climática que está enfrentando el planeta, causada precisamente por temas como la quema de combustibles fósiles. Por ello, sostuvo que es necesario que se mantenga el petróleo bajo tierra, como lo plantea la consulta popular que se someterá a votación el próximo 20 de agosto.
«Esto no es un capricho; se trata de proteger a las personas que viven la zona y garantizar las condiciones que nos permiten la vida», apuntó. Aunque reconoció que Ecuador emite únicamente el 0,15% de los gases de efecto invernadero, Bermeo explicó que la zona del ITT contiene la mayor biodiversidad por metro cuadrado del planeta, por lo que la protección de este espacio es de vital importancia para frenar el calentamiento global.
Por otro lado, señaló que las cifras oficiales sobre lo que dejaría de percibir el Gobierno sin explotación petrolera no corresponden a la realidad. Bermeo señaló que los datos presentados por Petroecuador a la Corte Constitucional (CC) reconocen que lo que se pierde sin la extracción de crudo representa menos del 0,5% del presupuesto general del Estado. «¿Se puede comer o tomar la plata?», se cuestionó.
Además, aclaró que la actividad petrolera en Ecuador no se va a paralizar, sino que el «sacrificio» se lo hará en uno de los 50 bloques que existen en el país. Como alternativa, planteó el turismo ecológico y la “justicia fiscal”, donde se podrían reducir las exoneraciones fiscales a los grupos económicos más poderosos del país.
Por su parte Roberto Aspiazu, vicepresidente de la Cámara de Energía del Ecuador (CEDE), los movimientos ambientalistas están presentando un escenario «apocalíptico» que no existe. Además, consideró que la consulta popular del Yasuní «no solo es extemporánea, sino engañosa». Esto por la forma en que está formulada la pregunta, que plantea la opción de dejar el crudo en el subsuelo de forma indefinida.
«Esto no narra lo que ha pasado después de 10 años que se cayó la iniciativa Yasuní ITT. Ahora ese campo está siendo explotado y se extraen 57.000 barriles por día, lo que representa USD 1.200 millones de dólares para el erario nacional», precisó Aspiazu. A esto se suma la amenaza que existe por el desempleo que la suspensión de la explotación implicaría.
Aspiazu también afirmó que no hay riesgo de que los pueblos aislados que habitan en la zona sean exterminados, pues en 2014, cuando se iniciaron las operaciones, ya habían evidencias de que el bosque ya había sido talado por empresas madereras y que las comunidades ancestrales no se encontraban en el sitio. «Las tribus no contactadas estarían más al norte», acotó.
Finalmente, criticó que desde el lado de los movimientos ambientalistas no se haga una contrapropuesta para mantener el crudo bajo tierra y dotar de un empleo a quienes laboran en las actividades extractivas. «Hoy por hoy, los ambientalistas tienen una Corte Constitucional de bolsillo, que se ajusta a su agenda y que seguramente tenían guardado este tema hace mucho tiempo atrás, esperando el momento oportuno para introducirlo», indicó. Esto en el marco de la votación que se dará el mismo día de los comicios generales, luego de que el presidente Guillermo Lasso aplicara la muerte cruzada y se convocaran a elecciones anticipadas.
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