Tras permanecer durante más de trece horas en una oficina de la Fuerza Especial de Lucha contra la Corrupción, Zapata decidió acogerse a su derecho al silencio y finalmente fue trasladada anoche a una celda policial por una decisión del fiscal Edwin Blanco, reportaron medios locales.
La mujer fue arrestada el viernes, a solicitud de la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Lenny Valdivia, informó el Ministerio de Gobierno (Interior) en un comunicado.
La oficina de Valdivia inició una investigación a Zapata por los supuestos delitos de «legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado» y pidió al Ministerio de Gobierno que asuma las «acciones que fueran necesarias» para garantizar su presencia en «territorio nacional».
Zapata fue pareja del presidente Morales entre 2005 y 2007 y de la relación nació un niño que falleció poco después, según reveló recientemente el propio mandatario.
La detenida fue hasta hace una semana gerente comercial en Bolivia de la empresa china CAMC Engineering (Camce), que en los últimos años firmó contratos con el Gobierno de Morales por valor de 566 millones de dólares, la mayoría por invitación directa tras haberse descartado licitaciones.
La relación de Gabriela Zapata con Morales y los contratos que suscribió Camce con el Estado derivaron en una denuncia del periodista Carlos Valverde sobre un supuesto tráfico de influencias, que el mandatario y su exnovia han negado.
A petición del gobernante, las contrataciones estatales con la firma china están siendo investigadas por la Contraloría General del Estado, dirigida por un oficialista, y por una comisión del Parlamento, en el que el partido de Morales tiene la mayoría.
Esta semana el Gobierno concretó el cobro de unas garantías bancarias por 22,8 millones de dólares de Camce como una forma de castigarla por incumplimientos en la construcción del ferrocarril Bulo Bulo-Montero, entre las regiones de Cochabamba (centro) y Santa Cruz (este).
Al mismo tiempo, el Ejecutivo decidió excluir a la empresa china de las licitaciones que se sacarán a concurso para construir carreteras que se financiarán con un crédito del país asiático por 7.000 millones de dólares.
Las autoridades han acusado al Gobierno de Estados Unidos de estar detrás de las denuncias para mermar la credibilidad de Morales y han asegurado que la resolución del contrato con Camce y su exclusión de futuras licitaciones prueban que el Ejecutivo no está implicado en tráfico de influencias.
