El estudio, publicado hoy, ve a Latinoamérica en una situación marcada por las oportunidades para una mayor democratización y, a la vez, por los riesgos de polarización que conlleva el fin del auge de las exportaciones con los consecuentes problemas económicos y sociales.
El aumento de las protestas sociales puede representar una oportunidad para profundizar la democracia, pero también un riesgo de polarización de las sociedades, añade el estudio de la Fundación Bertelsmann, con sede en Gütersloh (norte de Alemania).
Los años de bonanza permitieron que millones de personas dieran un salto «desde la pobreza a una precaria clase media», agrega, pero ahora se ven amenazadas por un nuevo descenso social, ante lo cual piden una mejor gestión y una mayor responsabilidad de los gobiernos.
«Los gobiernos que están abiertos a reformas son capaces de asumir esas reivindicaciones mediante la búsqueda de consenso, mientras que en numerosos países existe la amenaza de una intensificación de los conflictos sociales», dice un comunicado de prensa que resume la parte del estudio referente a Latinoamérica.
En los grandes países latinoamericanos como Argentina, Brasil, México, Perú y Venezuela -según el informe- ha habido una evidente disminución de la calidad de la gestión gubernamental.
Sin embargo, un aspecto positivo es que, como se ha visto en Argentina y Venezuela, las malas gestiones al final se ven castigadas en las urnas.
Un caso ejemplarmente positivo en el contexto latinoamericano es Uruguay que, según el estudio, dentro de todos los países analizados «presenta de forma continuada la más alta calidad de la democracia».
Mientras tanto, otros países como Haití, Cuba y Venezuela presentan, como contraste, un esfuerzo de transformación débil o fracasado.
La mitad de las democracias de América Latina son calificadas por el informe de defectuosas y algunas, como Ecuador, Nicaragua y Guatemala, de «muy defectuosas».
Una señal de alerta la representa México, que ha tenido la mayor pérdida de la calidad de su democracia en los últimos diez años entre todos los países analizados.
Eso está relacionado con el hecho de que, según el comunicado, las redes de corrupción en la política, la policía y los carteles de la droga han traído «la casi total impunidad», lo que ha minado el Estado de derecho y ha conducido a una precaria situación de derechos humanos.
