La ministra de Relaciones Exteriores argumentó que la medida incita a los sectores «antidemocráticos y violentos de la oposición venezolana» a «atentar» contra la institucionalidad del país «y sus autoridades legítimas y constitucionales».
La prórroga, a la que calificó como «inadmisible», es «una violación flagrante del derecho internacional» y advirtió que acudirán a instancias diplomáticas «para hacer valer los derechos de Venezuela».
Washington «desatendió» los llamados «del mundo» a derogar este decreto, señaló y agregó que Venezuela «anunciará muy pronto las acciones en sus distintas dimensiones».
Adelantó que el Gobierno ha decidido «someter a revisión integral las relaciones con los Estados Unidos de Norteamérica» y que en la mañana de hoy su despacho se comunicó con el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y con la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), «que han ratificado su posición de solidaridad con Venezuela».
En un comunicado de Cancillería leído por Rodríguez, se ratifica que el Gobierno «repudia enérgicamente la renovación de la orden ejecutiva dada por el presidente de los Estados Unidos (…) que de forma inexplicable insiste en declarar a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la comunidad nacional y a la política externa de EE.UU.».
En el comunicado se reclama, además, que «el unilateralismo y extraterritorialidad practicados permanentemente en el mundo por el Gobierno estadounidense» constituyen «una violación» a «los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, así como al estado de derecho internacional».
Por su parte, el grupo parlamentario chavista en la Asamblea Nacional (AN) calificó el decreto de «infame» y exigió al Gobierno de EE.UU. que «cese de forma definitiva las hostilidades políticas, económicas y militares contra la República Bolivariana de Venezuela».
El grupo parlamentario, liderado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), pidió a la mayoría opositora del Parlamento «aprovechar la ocasión de la renovación de este decreto, para rectificar el aval que le dieron hace un año con su silencio cómplice».
Tras la aprobación del decreto en 2015 el partido oficialista recolectó firmas para solicitar a EE.UU. derogar el decreto y promovió una campaña bajo el lema «Venezuela no es una amenaza, somos esperanza», en la que la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no participó.
Los diputados oficialistas solicitaron ahora a la bancada opositora «que, por primera vez, prioricen los más sagrados intereses de la nación, condenen firmemente ese decreto y se sumen al clamor del pueblo en exigir públicamente su derogatoria definitiva, por constituir una agresión flagrante a la soberanía e integridad de la República».
Ratificaron que desde esta alianza serán respaldadas «todas las medidas y acciones» que tome el presidente, Nicolás Maduro, «orientadas a preservar y defender el avance indetenible de la Revolución».
Obama renovó la orden ejecutiva que emitió en marzo del año pasado y que autoriza al Departamento del Tesoro a imponer más sanciones contra aquellos que se determine han cometido «acciones o políticas que socavan procesos o instituciones democráticas», o hayan cometido violaciones de derechos humanos en protestas en Venezuela.
El mandatario estadounidense argumentó ayer que Venezuela sigue sufriendo «la persecución de los opositores políticos, la restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y violaciones a los derechos humanos».
Indicó también que el país sigue presenciando actos represivos en las protestas contra el Gobierno de Maduro, detenciones arbitrarias de opositores y manifestantes, además de corrupción gubernamental.
En la orden que se extendió ayer por un año más, Obama determinó que la situación en Venezuela constituye «una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU.», por lo que declaró «una emergencia nacional para lidiar con esa amenaza».
Cuando se aprobó el decreto hace un año Rodríguez dijo que con el decreto «se pretende desconocer» al presidente y «se pretende desvirtuar el papel de nuestras instituciones, en el caso específico de las instituciones judiciales y de los órganos a quienes corresponde la actuación judicial y criminal».
También aseguró entonces que los funcionarios venezolanos no estaban siendo sancionados «por estar involucrados en decretos ilegales», sino «porque defendieron la democracia y la estabilidad pacífica en Venezuela, confrontaron la situación de violencia y preservaron la paz en el país»
