La Unidad Especializada en la Investigación del Uso Ilegítimo de la Fuerza estará encargada de las investigaciones. Sobre el tema hay una acción de protección presentada ante la justicia.

Foto: Fiscalía

La Fiscalía General del Estado informó, a través de su cuenta de X, que el caso de la presunta desaparición forzada de cuatro menores de edad en Guayaquil fue trasladado a Quito, donde será investigado por la Unidad Especializada en la Investigación del Uso Ilegítimo de la Fuerza.

La noticia se dio a conocer este 21 de diciembre de 2024, 13 días después de la desaparción de los cuatro menores, que ha generado remezón en la urbe porteña, al involucar al personal de las Fuerzas Armadas.

La desaparición se dio el pasado 8 de diciembre de 2024. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil (CDHGYE) presentó una acción de protección, que ya cuenta con un juez designado.

Didier Arroyo, Ismael Arroyo, Steven Medina y Nehemias Arboleda desaparecieron durante un supuesto operativo de las Fuerzas Armadas, en el sector de Las Malvinas, sur de la urbe.

CDHGYE presentó una acción de protección en días pasados en la que solicita que se reconozca la desaparición forzada de los menores. Se pide también realizar las investigaciones en el territorio nacional para dar con su paradero.

La acción presentada contra las Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y Ministerio del Interior cayó, mediante sorteo, en el despacho del juez Eduardo Santamaría, de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia Norte de Guayaquil.

El alcalde de la ciudad, Aquiles Alvarez, utilizó su cuenta de la red social X para pedir celeridad en las investigaciones, con la finalidad de encontrar a los menores y calmar a las familias afectadas.

“Es inaceptable que, además de enfrentar el dolor de la desaparición, las familias de estos niños tengan que lidiar con obstáculos, engaños y extorsiones ¿Cómo es posible que el sistema sea tan indiferente ante su sufrimiento?”, escribió.

Cuestionó también la falta de pronunciamiento de parte de las autoridades nacionales, además de la tardanza en los avances del proceso. “Justicia para estos niños, claridad para sus familias y acciones inmediatas para detener esta ola de violencia”, finalizó.

NOTA ORIGINAL: PRIMICIAS