Mesa ocasional investiga irregularidades en contra de la administración pública en aspectos como salud, educación, generación eléctrica, entre otros.

Créditos: Asamblea Nacional

La Asamblea Nacional sesionará este lunes, 23 de diciembre, a las 14:00, de forma virtual, para conocer el informe de fiscalización de la Comisión Ocasional para la Investigación de Irregularidades en Contra de la Administración Pública. La mesa fiscalizó salud, educación, generación eléctrica, contratación pública, explotación de recursos naturales, entre otros aspectos.

La mesa legislativa que elaboró el documento está integrada por los legisladores Jaime Moreno Félix, Mariana Yumbay Yallico, Blasco Luna Arévalo, Édgar Geovanny Benítez Calva y Nicole Anahís Saca Baldeón. Luna será el ponente.

Los legisladores llegaron a la conclusión de que, en lo que respecta a los hospitales, tanto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como de aquellos del servicio de Salud Pública (MSP), se ha podido determinar que existen varias falencias dentro del sistema de salud en ambas instituciones, lo cual deviene de un manejo deficiente de la administración pública por parte de las autoridades.

Las recomendaciones de los legisladores

En el texto se menciona que se debe remitir de manera inmediata copia del informe a la Contraloría General del Estado para que realice auditorías y exámenes especiales a todos los procesos de contratación que se deja evidenciados en el informe, con el objeto de determinar presuntas responsabilidades administrativas, civiles y/o indicios de responsabilidad penal en contra de servidores y exservidores públicos que constan allí.

Se recomienda iniciar el trámite para el enjuiciamiento político de Eduardo Peña, presidente del Consejo Directivo del IESS, y de Roberto Luque, exministro de Energía encargado, al igual que para Manuel Antonio Naranjo Paz y Miño, actual ministro de Salud, y de Franklin Encalada Calero, exministro de Salud, “por la calamitosa situación de los hospitales y centros de salud”, lo que deriva en la vulneración del derecho a la salud de la población, y por su falta de comparecencia frente a la comisión, “pese a los insistentes pedidos realizados”. De igual forma contra la ministra del Ambiente, Inés Manzano, sobre presuntos incumplimientos de sus obligaciones en el marco de su competencia.

Entre los hallazgos están equipos médicos dañados durante años, que no cuentan con plan de contingencia ni plan de acción para dar solución inmediata al problema, ciertos de ellos averiados o extraviados en situaciones sospechosas dentro del hospital sin informe investigativo que determine responsabilidades ni acciones sancionatorias; falta de mantenimiento en la infraestructura y deterioro de los espacios de consulta externa; áreas hospitalarias que no cumplen con los lineamientos básicos sanitarios del Ministerio de Salud Pública, así como áreas inhabilitadas por daños y mala disposición de los acondicionamientos.

Asimismo, falta de personal administrativo, médico y especialistas con una evidente brecha de profesionales para la atención óptima de los afiliados.

En cuanto a las irregularidades relacionadas con el examen de habilitación para el ejercicio profesional, sobre los porcentajes de aprobación del examen del último periodo evaluado, los legisladores dicen que son alarmantes ya que, con la eliminación del banco de preguntas, se evidencia una total falta de preparación académica por parte de los postulantes, “lo que cuestiona la excelencia académica de las universidades e institutos de educación superior y pone en entredicho la calidad de profesionales que están produciendo. Es necesario que el ente rector intervenga y realice una investigación sobre lo que está ocurriendo con el rendimiento del examen y tome acción frente al control de la calidad educativa y la excelencia académica de las instituciones de educación superior”.