Colombia fue uno de los primeros países en recibir una oleada de migrantes deportados desde Estados Unidos. 306 ciudadanos fueron transportados desde El Paso Texas y San Diego, California, en la segunda administración de la era Trump.
“No son criminales (…) Esta información ha sido verificada y corroborada por las autoridades”, dijo el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo.
Y es que la expulsión forzosa de los migrantes colombianos ocurre después de un impasse diplomático con el país norteamericano sobre el ingreso de sus compatriotas y los protocolos humanitarios para transportar a los ciudadanos indocumentados.
Petro había bloqueado previamente el aterrizaje de los aviones de deportación estadounidenses, acusando a Estados Unidos de tratar a los migrantes colombianos como criminales.
Esto llevó a Trump a ordenar fuertes aranceles a todas las importaciones colombianas, una prohibición de viajes para los ciudadanos colombianos, la revocación de visas para funcionarios colombianos en Estados Unidos y la suspensión del procesamiento de visas tanto para inmigrantes como para no inmigrantes. Sin embargo, las fricciones se solventaron en unas horas.
Otra de las medidas adoptadas por Trump es la firma de la Ley Laken Riley, impulsada por el partido republicana y aprobada en el Congreso. Con esta normativa, se faculta a los fiscales generales de los estados múltiples formas de intervenir en la forma en que el Gobierno federal aplica la ley de inmigración. Además, podrían solicitar órdenes judiciales federales para obligar al Departamento de Estado de EE.UU. a dejar de expedir visados a personas de un país que se niegue a aceptar a nacionales susceptibles de ser deportados.
Escucha el reportaje completo
