Los afectados ecuatorianos por el cierre de la empresa de OGC Paquetería consolidaron una plataforma desde la cual emprenderán acciones conjuntas de reclamación ante las autoridades españolas, para lo que contarán con el apoyo de la Embajada ecuatoriana en la supervisión de este caso.
En rueda de prensa el embajador de Ecuador en España, Miguel Calahorrano, junto a representantes de los clientes afectados, explicó que OGC Paquetería estaba constituida en dicho país europeo, «por lo que para ella rige la normativa española y los afectados deberán presentar sus reclamaciones ante las autoridades competentes». Reiteró que contarán con el apoyo de la misión diplomática tanto en las acciones que ellos coordinen en España como en Ecuador.
En la rueda de prensa los afectados denunciaron irregularidades en el servicio ofrecido por la empresa, mencionaron así paquetes enviados hace meses que no se habían entregado aún, otros que no sabían qué persona o qué empresa sacaba los paquetes de la aduana pues la empresa se comprometía a entregarlos en su domicilio, también se refirieron a que los empleados de OGC estuvieron recogiendo paquetes hasta el fin de semana.
Según dijo a la agencia AFP el presidente de la asociación de inmigrantes ecuatorianos Rumiñahui, Vladimir Paspuel, «lo que se deduce, porque los trabajadores llevaban dos meses sin cobrar, es una falta de liquidez y mala gestión de la empresa». La empresa cerró dejando «paquetería adentro en las oficinas y también contenedores que estarán en alta mar y otros en puertos de Ecuador», añadió, apelando al gobierno ecuatoriano para que desbloquee los envíos que ya llegaron a destino pero de los que nadie se hizo cargo.
OGC Paquetería se dedicaba al envío de enseres domésticos desde España al Ecuador y tenía oficinas en Madrid, Murcia (sureste), Palma de Mallorca (islas Baleares) y Barcelona (noreste), así como en Bruselas.
Al momento se desconoce el número exacto de afectados, pero representantes de la plataforma constituida en Madrid hablan de cerca de 600 en la capital y calculan que en toda España pueden rondar los 4.000. Unos 43 contenedores están retenidos en el puerto de Guayaquil, según Darwin Castro, uno de los afectados por el cierre de esta empresa. «Estamos hablando de una situación muy delicada», dijo Paspuel, recordando que muchos de los envíos son muebles, enseres e incluso documentación, en muchos casos de migrantes que se disponían a regresar a vivir a su país.
El embajador Calahorrano hizo un llamado a la ciudadanía para que tome precauciones a la hora de contratar los servicios de empresas de envío o venta de viviendas en el Ecuador. «No es la primera vez que estas empresas ‘buitres’ quieren aprovecharse de la ingenuidad de nuestros compatriotas, ya hubo un caso similar hace aproximadamente un año con la empresa de envíos Vicza Express, nos reunimos con los afectados y los apoyamos y en este año ya se va a poder resolver este tema», apuntó. «Nuestra comunidad es trabajadora y honesta y está sufriendo la adversidad de la crisis, por lo que han tenido que hacer un gran esfuerzo para enviar sus cosas al Ecuador. Es lamentable que haya empresas que hagan esto a la comunidad», lamentó. «Estaremos con ellos (los afectados), buscaremos datos e información y haremos las gestiones oportunas tanto en Ecuador como en España», reiteró el diplomático.
