El Departamento de Estado de EE.UU. todavía no ha recibido ninguna «notificación oficial del Gobierno venezolano» que le comunique la retirada del encargado de negocios de Venezuela en Washington, Maximilien Sánchez Arveláiz, aseguró hoy el portavoz adjunto de la diplomacia estadounidense, Mark Toner.
En su conferencia de prensa diaria, Toner defendió que el decreto renovado este mes por el presidente estadounidense, Barack Obama, contiene «sanciones limitadas» a ciertos «individuos» quienes, a juicio de EE.UU., están teniendo un impacto negativo en Venezuela o «desviando recursos económicos para sus fines personales».
«No está en absoluto dirigido en contra del pueblo venezolano», subrayó Toner.
«Seguimos teniendo relaciones diplomáticas con Venezuela y seguimos deseando estar en contacto con todos los sectores del país, incluida la rama ejecutiva», añadió.
Estados Unidos está «abierto a un diálogo directo con el Gobierno venezolano para hablar sobre las áreas de preocupación mutua», porque quiere «lo mismo que quieren los venezolanos: una Venezuela democrática, próspera, segura y en paz con sus vecinos», aseguró el portavoz.
Maduro anunció este miércoles que retirará a Arveláiz tras la decisión de Obama de extender el decreto que señala a Venezuela como una «amenaza inusual y extraordinaria» para su «seguridad nacional», y que contiene sanciones contra ciertos funcionarios del Ejecutivo venezolano.
«He tomado la decisión de retirar a nuestro embajador, que ha venido ejerciendo el papel de encargado de negocios en Washington, el licenciado Maximilien Arveláiz, y regresarlo a nuestra capital, a Caracas, retirarlo ya de la embajada de allá en Washington», dijo Maduro, en un acto político en la capital venezolana.
Fuentes diplomáticas venezolanas en Washington indicaron a Efe que Sánchez Arveláiz se encontraba en Caracas cuando se produjo el anuncio, pero es posible que regrese a la capital estadounidense antes de marcharse definitivamente.
Sánchez Arveláiz lideraba la embajada venezolana como encargado de negocios desde mayo de 2014, dado que EE.UU. y Venezuela llevan desde 2010 sin embajadores en sus respectivas capitales.
La declaración de una «emergencia nacional» es una herramienta con la que cuenta el presidente de Estados Unidos para aplicar sanciones contra un país bajo determinadas circunstancias, y que le permite ir más allá de lo aprobado por el Congreso.
Tras la declaración inicial el año pasado, Estados Unidos trató de explicar que la acusación de «amenaza para la seguridad nacional» es simplemente la fórmula que deben usar los presidentes estadounidenses para tener una base legal que les permita imponer sanciones y que realmente no considera una amenaza a Venezuela.
Pero el decreto debilitó aún más sus lazos con la Venezuela de Maduro, que acusa a Estados Unidos de injerencia y de contribuir a desestabilizar el país.
