Carlos Brunis, presidente de la Asociación de Cooperativas de Taxi de Pichincha, en entrevista en Notimundo A La Carta con Marcela Holguín, manifestó no estar de acuerdo con el cierre de la circulación vehicular en el sector de Carapungo realizado por un grupo minoritario de transportistas informales, y afirmó que desde esta entidad han insistido a la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) que continúe realizando los operativos de control porque, afirmó, la proliferación del «taxismo ilegal» atenta contra su economía. «El alcalde Mauricio Rodas, en una reunión del 4 de febrero, nos ha manifestado que quiere una ciudad ordenada, en la que se cumpla la Ley. No queremos que un grupo de personas que trabaja fuera de la ley lleguen a caotizar la ciudad y cierren las calles como medida de presión», dijo.
Brunis informó, además, que el Alcalde y el Secretario de Movilidad han confirmado que actualmente no se realizará ningún proceso de regularización, y detalló que previo al proceso de regularización de 2011 se realizó un estudio en el que se determinó que en Quito se necesitaba aproximadamente 3 300 unidades más. «Se regularizaron 5 000. Es decir, en este momento está saturado el servicio de taxis», añadió el presidente de la Asociación de Cooperativas de Taxis, quien afirmó que hablar de ilegalidad es hablar de inseguridad ciudadana.
De su lado, Ernesto Madrid, representante del transporte no regularizado, manifestó que en abril de 2016 la Secretaría de Movilidad y la AMT deberán establecer un nuevo estudio de regularización del transporte informal. «Este trabajo se lo debe hacer de acuerdo la ordenanza 047 que se aprobó en 2011. En ella se señala que hay que esperar cinco años para realizar un nuevo estudio y proceso de regularización. Los transportistas informales no desean que las autoridades municipales les regalen nada. Lo que buscan es que se ejecute lo que la Constitución prevé, que es el derecho al trabajo», señaló.
