Lula pasó buena parte del día reunido con sus abogados y con compañeros del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) para analizar tanto su situación como la crisis que enfrenta el Gobierno de su ahijada política.
El expresidente insiste en que la Fiscalía no tiene base para solicitar su prisión preventiva y denuncia que la decisión esconde una maniobra política.
La Fiscalía de Sao Paulo, en una investigación paralela al escándalo por corrupción en Petrobras, considera que Lula debe ingresar en prisión por los presuntos delitos de lavado de dinero y falsificación de documentos en relación a un apartamento que está a nombre de una constructora implicada en el caso de la petrolera.
En la denuncia, firmada por tres fiscales, se acusa a Lula y a su esposa, Marisa Leticia Lula da Silva, de ocultar que son dueños de un apartamento de lujo en la playa de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, y que no figura en sus declaraciones de la renta.
El apartamento está a nombre de la constructora OAS, investigada en el caso Petrobras, que adquirió en 2009 el edificio que había sido construido por un sindicato vinculado al PT, fundado por Lula y en el que también milita Rousseff.
Los términos de la denuncia de la Fiscalía de Sao Paulo, cuestionada desde distintos sectores de la Justicia, incluye en su texto párrafos que rozan el surrealismo, desde las alusiones al «Superhombre» del Zaratustra de Nieztche hasta errores de bulto, como confundir a Hegel con Engels.
Uno de los que salió en su defensa fue el expresidente de Paraguay Fernando Lugo, destituido en 2012 en un juicio parlamentario y quien visitó a Lula en Sao Paulo.
«En Paraguay nunca sucedería una cosa de esa, que un fiscal por sospecha pidiera la prisión», dijo Lugo (2008-2012) en declaraciones concedida a medios locales en la entrada del Instituto Lula.
Para la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, tampoco hay duda de que la denuncia esconde elementos políticos.
«El Gobierno repudia el acto practicado contra el (ex)presidente Lula», dijo Rousseff en una rueda de prensa en el palacio de Planalto.
La petición de la Fiscalía «sobrepasa el sentido común» y es un «acto de injusticia», sobre todo debido al bagaje político de Lula y por el «respeto internacional» del que goza, añadió.
En medio de un mar de rumores sobre su futuro político, la presidenta aprovechó para advertir que no piensa renunciar a su cargo.
«Creo que solicitar mi renuncia es reconocer que no existe base para el impeachment» (juicio político con fines de destitución), dijo.
«Es imposible creer que por mi trayectoria política, por mi honradez, me resigno ante los que actúan con absoluta falta de respeto a ley», insistió Rousseff.
Debilitada, con una caída en su imagen y acosada por la crisis económica, la presidenta tendrá que afrontar además los golpes de un sector de su propio partido y de sus aliados políticos, el poderoso Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que mañana decidirá en convención si retira su apoyo al Gobierno.
El sector del PMDB más reacio a mantener la alianza con el Gobierno no tiene dudas sobre la necesidad de romper.
Jorge Picciani, dirigente del partido y presidente de la Asamblea Legislativa de Río, se mostró hoy convencido de que el Gobierno de Rousseff «va a caer en los próximos tres meses».
Mientras, los mercados celebran el acoso al Ejecutivo con una revaluación del real frente al dólar y la oposición calienta motores para las manifestaciones contra el Gobierno previstas para el próximo domingo.
El PT se prepara para salir a la calle en respaldo de Lula y Rousseff en las próximas semanas, aunque el sindicato del partido gobernante apenas logró hoy movilizar en Sao Paulo a unas decenas de personas en apoyo del expresidente.
