Jaime Arciniegas, representante del Parlamento Laboral, en entrevista en Notimundo a La Carta con Marcela Holguín, señaló que esta agremiación respeta las decisiones de otras organizaciones sociales de convocar para el próximo jueves a una movilización contra algunas políticas del Gobierno Nacional y el proyecto de ley Orgánica para la Optimización de la Jornada Laboral y Seguro de Desempleo, pero no participarán en las mismas porque han señalado, desde la agrupación, la necesidad de establecer mesas de diálogo para llegar a acuerdos respecto a temáticas que puedan ser iniciativas del Legislativo, Ejecutivo o pueblo ecuatoriano. «Pero, si la Ley es aprobada en términos que afecta a los derechos de los trabajadores presentaremos en instancias nacionales e internacionales su inconstitucionalidad», afirmó.
Asimismo, Arciniegas señaló que el Parlamento Laboral presentó observaciones a la propuesta de Ley enviada desde el Ejecutivo, e indicó que en ellas puntualizaron su desacuerdo que en el Seguro de Desempleo no haya la participación del sector empresarial. «El sector empresarial no está haciendo aporte alguno en cuanto a la estabilidad de los trabajadores a pesar de que han tenido ingentes ganancias en los nueva años de Gobierno», señaló el sindicalista, quien acotó que este Seguro de Desempleo debería financiarse con el dinero de los que más ganan, y no desde los que menos tienen.
Arciniegas enfatizó, además, que en momentos de dificultades económicas, como las que vive el país, no es recomendable reducir las jornadas laborales y el salario porque se deprimiría la economía y no habría poder adquisitivo. Por ello, desde el Parlamento Laboral se ha propuesto que a las empresas que tengan dificultades no se les cobre el pago anticipado del Impuesto a la Renta para que esos recursos sean utilizados para su fortalecimiento; que los servicios básicos se deberían reducir para las empresas, y así volverlos competitivos y bajar los costos de producción; y que los organismos seccionales contribuyan con la infraestructura. «Tiene que existir el aporte del Estado, y del empresario», afirmó.
