El pasado 25 de febrero, el juez de distrito de San Francisco, Charles Breyer, dio de plazo hasta hoy para que el fabricante alemán presentara ante su tribunal, que supervisa todas las acciones contra la marca, una respuesta clara sobre qué remedio establecerá para solucionar el problema.
Entonces, Breyer afirmó que Volkswagen había tenido seis meses, desde que el escándalo estalló en septiembre de 2015, con la revelación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos de que el fabricante utilizaba un software ilegal para ocultar emisiones, para decidir una solución.
Pero hoy, Breyer reconoció que los directivos de Volkswagen y las autoridades estadounidenses están enzarzados en arduas negociaciones y que estas están progresando, aunque lentamente, por lo que decidió ampliar hasta el 21 de abril el plazo para que la empresa dé una solución.
En una vista celebrada hoy en San Francisco, el fabricante alemán y el Departamento de Justicia dijeron a Breyer que mantienen intensas negociaciones para llegar a un acuerdo para remediar el problema, informaron medios locales.
Por su parte, Volkswagen explicó en un comunicado que «está comprometida a resolver la investigación de los reguladores de Estados Unidos sobre la cuestión de las emisiones de diésel tan rápido como sea posible e implementar una solución para los vehículos afectados».
«Seguimos avanzando y estamos cooperando totalmente con los esfuerzos emprendidos por el juez Breyer, trabajando con el director (Robert) Mueller, para establecer una resolución rápida y justa al litigio civil en Estados Unidos», añadió el comunicado.
En enero, Breyer designó al exdirector del FBI Robert Mueller como mediador entre el Grupo Volkswagen y centenares de clientes que han presentado demandas contra la compañía automovilística por el fraude de los motores diésel.
A pesar de que Breyer reconoció en la vista el avance en las negociaciones, el juez también dejó claro que si la empresa no se presenta ante su juzgado el 21 de abril con una solución al problema, podría empezar a mediados de año el juicio en su contra por el fraude y la violación de las normativas estadounidenses.
El pasado 12 de enero, las autoridades estadounidenses rechazaron un plan inicial de Volkswagen para reparar los motores diésel trucados.
Según filtraciones publicadas en los últimos días, la empresa y las autoridades estadounidenses están en medio de intensas negociaciones centradas en la creación por parte de Volkswagen de dos fondos de compensación.
Uno de ellos sería a nivel federal y el otro para el estado de California, cuyas autoridades medioambientales descubrieron el trucaje de los motores.
El acuerdo entre Volkswagen y EE.UU. es fundamental para detener la demanda que el Departamento de Justicia presentó el pasado 4 de enero por violar las leyes medioambientales del país y que le podría costar a la empresa decenas de miles de millones de dólares en multas.
De momento, Volkswagen ha contratado al abogado Kenneth Feinberg, especializado en programas de compensación como el establecido por General Motors (GM) para solucionar las demandas por el defecto del sistema de encendido de millones de vehículos.
Feinberg está preparando el diseño y la administración de «un programa independiente de resolución de demandas» para compensar a los propietarios de los vehículos en Estados Unidos que circulan con los motores trucados.
El escándalo, que ha provocado graves pérdidas económicas a Volkswagen en todo el mundo y la salida de numerosos altos ejecutivos de la compañía, se descubrió el 18 de septiembre de 2015.
EPA y las autoridades medioambientales de California (CARB) anunciaron ese día que el fabricante instaló un software ilegal en sus vehículos equipados con motores diésel de 2 litros para detectar cuando estaban siendo sometidos a inspecciones y alterar las emisiones reales.
Las autoridades descubrieron gracias al trabajo de investigadores universitarios que sin el software, los vehículos de Volkswagen emiten óxidos de nitrógeno, un producto cancerígeno, en cantidades varias veces superiores a las permitidas por la legislación estadounidense.
