La reunión concluyó con la suscripción de una declaración en la que los participantes se comprometieron a hacer un esfuerzo conjunto y estratégico para la persecución eficaz de la corrupción, el lavado de activos, la trata de personas, el narcotráfico y el tráfico de armas, entre otros delitos como los cibernéticos y los ambientales.
El documento es un compromiso de sus suscriptores para «promover buenas prácticas que eviten estos crímenes», mediante equipos de investigación conjunta entre varios países o la congelación y restitución de bienes nacionales que sean producto de un delito.
Los firmantes también manifestaron la voluntad de utilizar la videoconferencia y las tecnologías de la información para ser más eficientes y eficaces y establecer un mecanismo de asistencia técnica y capacitación en nuevas estrategias para la detección de este tipo de delitos.
La declaración recoge además la disposición de avanzar en acuerdos especiales de cooperación multilaterales o bilaterales y de promover un nuevo marco normativo supranacional para la asistencia mutua.
El documento fue suscrito por los fiscales generales de Perú, Pablo Sánchez; de Chile, Jorge Abbott; de Ecuador, Galo Chiriboga; de Paraguay, Francisco Javier Díaz; de El Salvador, Douglas Meléndez; y el procurador general de Costa Rica, Francisco Domínguez.
También firmaron el procurador adjunto de la procuraduría general de Brasil, José Bonifácio Borges de Andrada, el fiscal letrado nacional en lo penal de Uruguay, Carlos Negro, y el agregado legal de la procuraduría general de México, José Esqueda.
El fiscal general de Perú, Pablo Sánchez, indicó que el documento plantea las pautas para facilitar el intercambio de información entre los países con el fin de fortalecer a la región ante el crimen organizado.
Sánchez deseó que el año que viene se pueda celebrar la segunda cumbre en otro «país hermano» para comprobar los avances alcanzados y comprobar qué puntos se deben corregir.
La fiscal británica Alison Saunders intervino en la clausura de la cumbre en un vídeo donde recordó que el Reino Unido es uno de los principales compradores de las drogas que se producen en Latinoamérica y expresó su compromiso en tender puentes para frenar el narcotráfico y los delitos asociados a este.
La declaración recogió las conclusiones de los dos días de debates que sostuvieron los fiscales durante el encuentro, organizado por la Fiscalía de Perú y por la Fiscalía de Estado del Reino Unido bajo el lema «Estrategias en la lucha contra el crimen organizado, corrupción y lavado de activos».
Entre los participantes en el encuentro también estuvo la teniente fiscal de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de España, María Belén Suárez, y el director nacional de la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado de Colombia, Juan Carlos Acevedo.
