Se calcula que tan solo un 60 por ciento de las mujeres de América Latina pueden acceder a métodos anticonceptivos modernos, una cifra que desciende hasta el 30 por ciento en el caso de Guatemala, y que contrasta con el 80 por ciento que existe en Canadá, destacó el presidente de la Flasog, Edgar Iván Ortiz.
La salud sexual y reproductiva de las mujeres de estos países es «preocupante», afirmó en conferencia de prensa Ortiz, quien participó en el Congreso de la Sociedad Española de Contracepción que se celebra en Málaga (sur).
Además del déficit en la oferta de métodos anticonceptivos, destacó que el grupo con más problemas de acceso es el menores de 19 años, al tiempo que mostró su preocupación por el aumento de la tasa de fecundidad entre las chicas de menos de 15 años.
En embarazos a temprana edad existen más probabilidades de complicaciones y de morir durante la gestación, de ahí que uno de los retos de la Flasog sea apoyar a estos países para que sus políticas públicas se orienten hacia la prevención de los embarazos en este grupo.
Respecto al virus Zika, la federación considera una medida «práctica y útil» que se recomiende a las mujeres que no se queden embarazadas -ante las últimas investigaciones que apuntan a la posibilidad de lesiones neuronales en los bebés-, lo que constituye una «oportunidad» para aumentar la oferta y cobertura de anticonceptivos.
Respecto al aborto, Ortiz afirmó que muchas mujeres no planifican sus embarazos y recurren a interrumpirlos, y en los países donde no se permite hacerlo por causas de salud, «terminan haciéndose abortos en condiciones de riesgo», lo que contribuye de manera importante a la mortalidad materna.
Además subrayó que el reto es mayor «porque somos países laicos donde la Iglesia tiene una profunda incidencia en las políticas públicas».
De los veintidós países representados en la federación, solo seis tienen una legislación que permite la interrupción voluntaria del embarazo por causas de salud; en algunos es posible cuando hay riesgo inminente para la vida de la madre y en otros por malformación fetal o violación, detalló Ortíz.
El colectivo, que agrupa a más de 30.000 ginecólogos latinoamericanos, promueve que los gobiernos aprueben la entrega sin coste de anticonceptivos reversibles de larga duración, especialmente en población con enfermedades previas, adolescentes que hayan tenido embarazos tempranos o se han sometido a interrupciones de éstos previamente.
Por su parte, la presidenta de la Confederación Iberoamericana de Contracepción (CIC), Isabel Ramírez, afirmó que «20 millones de mujeres tienen insatisfecha su demanda de anticoncepción y el 95 por ciento de los abortos son inseguros», e insistió en la necesidad de mejorar el acceso a los métodos anticonceptivos.
La CIC, formada por sociedades de ocho países junto a España, también apoya la labor del Flasog en torno a la emergencia del virus Zika y coincide en que si se desaconsejan los embarazos, «tiene que haber acceso a los métodos anticonceptivos».
