La Cancillería de Ecuador expresó su «seria preocupación» por la elaboración de lo que considera son «informes unilaterales y sesgados que buscan afectar injustificadamente la imagen internacional» del país.
«Ecuador impulsa con convicción el respeto y la promoción de los derechos humanos acordados universalmente, de acuerdo a su firme compromiso con los principios del multilateralismo», dice un comunicado de la Cancillería.
Añade que Ecuador «ha ratificado la totalidad de los instrumentos interamericanos y es parte de los nueve tratados principales de las Naciones Unidas vinculados con la protección de los derechos humanos».
En contraste, dice, «el escaso compromiso del Gobierno de Estados Unidos con los Derechos Humanos se evidencia en la no adhesión a los tratados internacionales sobre esta materia».
Añade que el Gobierno de Ecuador expresa su «grave preocupación» por la persistencia «de prácticas atentatorias contra los derechos humanos, como las detenciones ilegales, inexistencia de procesos judiciales y torturas en la cárcel de Guantánamo».
Asimismo, por «la persistencia de la aplicación de la pena de muerte y el ilegal y criminal bloqueo a Cuba; entre otras graves situaciones».
El Departamento de Estado de EE.UU. denunció este miércoles que los Gobiernos de Ecuador, Bolivia y Nicaragua usan «pesada» burocracia administrativa para restringir la libertad de asociación y «reprimir» a la sociedad civil.
El informe anual sobre los derechos humanos en el mundo publicado por el Departamento de Estado señala que el Gobierno de Ecuador «sigue restringiendo» a los medios independientes y a la sociedad civil usando leyes de derechos de autor para forzar la eliminación de contenidos de internet.
Otros países que utilizan la burocracia para «reprimir» a la sociedad civil, según Estados Unidos, son Hungría, Irán, Egipto, Kenia, Camboya, Uganda, Vietnam, Pakistán, Tayikistán, Uzbekistán, Kazajistán, y Turkmenistán.
El informe anual de derechos humanos del Departamento de Estado, que marca este año su edición número 40, se envía al Congreso para que sirva como referencia a la hora de otorgar ayuda exterior.
