Un comunicado de la institución indicó que diversas líneas de investigación «permitieron conocer que Nájera Salgado se encuentra presuntamente relacionado con la producción y tráfico de drogas hacia Estados Unidos, bajo las órdenes de Ángel Casarrubias Salgado».
Ángel Casarrubias es hermano de Sidronio Casarrubias, líder del cártel Guerreros Unidos detenido en 2014 por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa el 26 de septiembre de ese año en el municipio de Iguala, en el estado sureño de Guerrero.
De acuerdo con el boletín de la Comisión, se presume que Nájera Salgado está vinculado también a los hechos de Iguala.
Precisó que con la información obtenida de los trabajos coordinados de las instancias del Gabinete de Seguridad del Gobierno, el ahora detenido fue ubicado en las inmediaciones de la localidad de Coajomulco, en el municipio de Huitzilac, estado central de Morelos.
Allí, elementos de la Defensa Nacional y de la Policía Federal cumplieron una orden de aprehensión girada en su contra por el delito de delincuencia organizada.
Nájera Salgado fue puesto a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), «que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes y determinará su situación jurídica».
De acuerdo con la PGR, policías locales detuvieron a los 43 estudiantes en Iguala y los entregaron a miembros de Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura en el municipio vecino de Cocula.
Sin embargo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para asistir en las investigaciones del caso, denunció en su informe divulgado el domingo un «rechazo latente» del Gobierno a versiones distintas a la oficial.
El GIEI, cuyo mandato termina al finalizar abril, también advirtió irregularidades en las pesquisas como la obtención de declaraciones mediante tortura, la destrucción o pérdida de evidencias, la incapacidad de analizar pruebas, la criminalización de las víctimas y la renuencia a investigar altos mandos.
