Alberto Molina, militar en servicio pasivo, en entrevista en Notimundo a la Carta con Marcela Holguín, confirmó que los pensionistas de retiro y montepío del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) realizarán este jueves en Guayaquil, Machala, Riobamba, Cuenca y otras ciudades del país una marcha en rechazo a la decisión del Gobierno Nacional de ejecutar el cobro de 41 millones de dólares a esta entidad por la adquisición de 66 lotes de terreno en el Parque Samanes en la ciudad de Guayaquil. «Ya estamos consultando a abogados que conocen sobre el tema para ir tomando las medidas legales porque esta acción afectaría al patrimonio militar», señaló.
Asimismo, el exuniformado calificó a la acción del Ministerio de Finanzas como ilegal porque que ni el presidente de la República, Rafael Correa; ni el Contralor General del Estado, Carlos Polit; ni el Procurador, Diego García, tienen la capacidad de obligar a ninguna institución a cumplir con una resolución sin que antes se acuda a un juez competente y se pueda ejercer el derecho de apelación. «De esto habla la Constitución. En el informe de la Contraloría no se señala que es de obligación el cumplimiento de la devolución de ese dinero», señalo Molina, quien dijo que el 98% de los militares de servicio pasivo viven de la pensión de retiro, y con estas acciones el Gobierno lo que buscaría es desaparecer a esta entidad aseguradora.
Molina señaló, además, que desde el Gobierno, a través de supuestas ofensas, busca dividir y confrontar al personal de tropa y oficiales de las Fuerzas Armadas. Esto, según dijo, sería atentar contra la seguridad del Estado porque en forma reiterativa el presidente Correa afectaría el honor y la dignidad institucional. «Exigiremos, también, el pago de la deuda de 361 millones de dólares que mantiene el gobierno desde diciembre de 2014, deuda que no ha sido honrada, afectando irresponsablemente al presente y futuro del pago oportuno de nuestras prestaciones», destacó.
