“Queremos solicitar que se garantice el derecho de defensa y al debido proceso (…) que corresponden a cualquier juicio en un estado democrático”, señaló este jueves el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, entorno a la decisión del Senado Federal de Brasil que sometió a la presidenta Dilma Rousseff a un juicio político, que conlleva a la suspensión en el cargo durante 180 días.
Desde la sede del organismo regional, en la Ciudad Mitad del Mundo de Ecuador, dijo que confía en el papel del Tribunal Supremo de Justicia que tendrá la tutela del juicio “y la obligación constitucional de presidir en el momento que se establezca una decisión definitiva”, sostuvo.
A nombre de la Unasur, indicó que existe “la convicción y deseo” de que la presidente Rousseff pueda probar su inocencia. Asimismo, expresó el interés del bloque regional para “contribuir a que la situación de ingobernabilidad que se creen en este período se puedan configurar de manera adecuada para no dañar ni desconocer la voluntad de los ciudadanos brasileños”.
Sobre una posible reunión de presidentes de la Unasur, indicó que, hasta el momento, la Secretaría General no ha recibido ninguna solicitud en ese sentido pero que, en el caso de que llegue, “se convocará inmediatamente”.
Protegido por las normas de protocolo de Protección de la Democracia, Samper advirtió que los grupos económicos y mediáticos están llevando a un “fenómeno peligroso” de judicialización de la política, lo cual está haciendo “un grave daño a las posibilidades de gobernabilidad democrática”.
Dijo que, aunque no ha existido una ruptura de la continuidad democrática en Brasil debido a que Rousseff mantiene su condición de presidenta constitucional, está cumpliendo su deber de alertar sobre una probable ruptura “si continúan las circunstancias en que se lleva el proceso”. Si ese fuera el caso, sostuvo, los países tendrían que analizar la aplicación o no de la cláusula democrática.
El secretario insistió en que la Responsabilidad del bloque es “velar porque se cumplan y se tutelen los valores fundamentales como el valor de la democracia, la paz y la vigencia de los derechos humanos, por lo que harán un seguimiento cercano del proceso.
Reafirmó que se no se trata de un problema ideológico sino de un problema de ética política y de principios que “nosotros vamos a defender en esta nueva etapa para que se garantice el derecho a la legitima defensa y que se sigan los cánones de lo que se debe ser un juicio, que haya un voto en conciencia, que no se trate de un proceso político o un linchamiento mediático”.
Samper enfatizó en la “influencia negativa de los poderes fácticos que están entorpeciendo el clima de gobernabilidad democrática no solo en Brasil sino en otros países de la región y que están produciendo formas de desestabilización que tiene característica de ser golpes de estado pasivos”.
En su opinión, esos golpes de estado pasivos se han venido desarrollando lentamente y, en la actualidad, han venido ganando terreno debido a que la crisis económica que enfrenta la región ha complicado la política.
En ese sentido se refirió al caso de Venezuela, en donde la oposición lleva adelante un proceso para solicitar la revocatoria del mandato del presidente Nicolás Maduro. Al respecto, hizo un llamado a los actores políticos para que “respetando sus derechos, dejen que la autoridad electoral cumpla con su misión y que, en ningún caso, las manifestaciones legitimas en cualquier democracia degeneren en hechos de violencia como en el pasado cuando dejaron víctimas mortales”.
