La CIDH, el último recurso de miles de personas en América para obtener justicia y protección, tendrá que despedir al 40 % de su personal y suspender labores clave si no recibe antes del 15 de junio los alrededor de dos millones de dólares que le faltan este año para poder cumplir mínimamente con sus funciones.
La plana mayor de la CIDH y sus 78 trabajadores, en una movilización sin precedentes, pidieron esta semana a los 34 Estados miembros de la OEA que asuman su responsabilidad con la defensa de los derechos humanos y corrijan la anomalía de los últimos años, en los que el organismo ha sobrevivido gracias a fondos voluntarios de países europeos.
La Unión Europea y sus socios se han visto obligadas a cortar o reducir sus donaciones al sistema interamericano de derechos humanos para centrar sus recursos en una crisis que les es más próxima: la llegada de millones de refugiados que huyen de la guerra en Siria y de la violencia o la pobreza en otros países asiáticos y africanos.
Como señaló esta semana el propio secretario general de la OEA, Luis Almagro, es difícil justificar ante Europa la demanda de ayuda cuando los propios países del sistema interamericano no financian los órganos de derechos humanos que protegen a sus ciudadanos.
«Estamos ante un hecho político del que somos responsables. Nosotros hemos sido los que hemos permitido llegar a esta situación. No hemos tenido la hidalguía ética para financiar nuestro propio sistema de derechos humanos», denunció Almagro este martes ante los 34 embajadores de la OEA.
El excanciller uruguayo, que cumplió el jueves un año al frente del organismo, subrayó la paradoja de que en 2015 los países latinoamericanos y caribeños dieran 200.000 dólares de aportación voluntaria a la Comisión, con 6.188 casos americanos, y 13,7 millones de dólares a la Corte Penal Internacional (con sede en La Haya, Países Bajos), que solo tiene una preinvestigación de México.
El presidente de la CIDH, James Cavallaro, destacó esta semana otra paradoja: la Comisión atiende a todo el continente con 78 trabajadores (que en agosto podrían quedarse en 48) mientras que en la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica trabajan 180 funcionarios y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México más de mil.
La Comisión, que tiene más de 6.000 casos de violaciones de derechos humanos pendientes y un presupuesto anual que no llega a los 10 millones de dólares, denuncia que es «el sistema de derechos humanos más pobre del mundo».
Los responsables de la CIDH tienen claro cuál es la causa de estas anomalías: la Comisión se ha convertido en un elemento incómodo para los Estados miembros porque ha señalado a casi todos por violaciones de los derechos humanos.
Las críticas a la Comisión por una supuesta parcialidad o politización habían procedido hasta ahora de países de la Alianza Bolivariana, sobre todo de Venezuela, Ecuador y Nicaragua, en los que los comisionados han denunciado repetidamente violaciones de derechos y falta de libertades fundamentales, como la de expresión o reunión.
Pero esta semana la CIDH asistió a un escenario nuevo: los países del Alba callaron en la sesión de la OEA sobre su crisis mientras que naciones que hasta ahora le han dado su apoyo, como México y Argentina, cuestionaron su gestión y sugirieron que los Estados no le dan fondos porque no confían en su trabajo.
«Hay que preguntarse por qué (la CIDH) ha venido recibiendo menos y menos fondos, porque algunos han dudado de la eficacia o eficiencia del sistema, y hay que tomar medidas correctivas. Tiene que haber mayor transparencia en el manejo de recursos financieros y un ejercicio de autocrítica», afirmó el embajador mexicano ante la OEA, Luis Alfonso de Alba Góngora.
México impidió en abril que los expertos independientes de la CIDH siguieran con la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala en 2014 después de que revelaran graves fallas en las pesquisas de la Fiscalía y cuestionaran la versión oficial.
Las críticas de México, junto a las de Argentina, Chile y Guatemala en el mismo sentido, «preocupan» al secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, que teme que los Estados de la OEA aprovechen su crisis financiera para debilitarla y quitarle atribuciones.
La Comisión es el elemento de mayor prestigio internacional de la OEA junto a las misiones de observación electoral y en su defensa salieron esta semana más de 300 organizaciones de derechos humanos del continente en una carta abierta.
