Los procesos y plazos para los casos de juicios políticos se trataron hoy en la Comisión de Participación Ciudadana, como parte del análisis de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. También estudió los asuntos de indulto y amnistía, tratados internacionales, procesos de fiscalización, entre otros.

Uno de los temas que fue acogido por la comisión fue sobre los deberes y atribuciones de los legisladores. La Presidenta de la Asamblea Nacional, que es la proponente de uno de los proyectos sobre esta materia, sugirió que se incluya un artículo innumerado para que entre sus atribuciones conste rendir cuentas anualmente; promover, canalizar y facilitar la participación social en la Asamblea; asistir con puntualidad a las sesiones del Pleno, del Consejo de Administración Legislativa y de las comisiones especializadas; y, actuar en las sesiones del Pleno y ejercer su derecho al voto.

Sobre la difusión del informe y orden del día para la convocatoria a juicio político Gabriela Rivadeneira planteó que se aclare el texto del artículo 83. La comisión acogió la sugerencia porque consideró que con la precisión se asegura el debido proceso y la igualdad procesal. Una de las aclaraciones que plantea es que el o la funcionaria será notificada en su despacho antes a la fecha de la convocatoria del Pleno.

Con el mismo carácter garantista y que no afecta las disposiciones de los artículos 96 y 97, relacionados con la solicitud de indulto o amnistía, la comisión coincidió que la reforma planteada por Gabriela Rivadeneira, es necesaria. En el uno pidió cambiar el nombre del título por “admisibilidad” de la solicitud de indulto y en el otro sugiere que se mejore la redacción sobre tema del indulto y pide que se incluya como requisito un informe médico, avalado por la autoridad competente.

La comisión también acogió la propuesta de Gabriela Rivadeneira sobre los tratados internacionales que requieren la aprobación de la Asamblea Nacional, para que la Presidenta o Presidente de la Legislatura tenga un plazo de 45 días y no 20 para que verifique la documentación y remita a la comisión correspondiente.

Mae Montaño propuso que la investigación sobre la actuación de cualquier funcionario público o sobre actos de interés ciudadano que hayan generado conmoción social o crisis política, no puede extender 60 días y tampoco podrán emitir ninguna decisión antes de los 20 veinte días de investigación.

La Comisión también analiza temas relacionados con la inmunidad parlamentaria; reemplazo en caso de ausencia temporal o definitiva; sucesión y alternancia; pago a asambleístas suplentes y principales; entre otros.