La orden de prisión preventiva fue ordenada el pasado 28 de octubre luego de llamarlos a juicio por la supuesta divulgación fraudulenta del contenido de correos electrónicos enviados por el Procurador General del Estado, Diego García, a Rafael Correa, Presidente de la República y a Alexis Mera, Secretario General Jurídico de la Presidencia.
La difusión de la información obtenida por los procesados se la habría realizado en 2013 a través de un boletín de prensa titulado “Abogados de Chevron asesoran a gobierno en defensa internacional” y que habría sido enviado desde el correo institucional del entonces asambleísta Cléver J.
En este documento se aseguraba que la firma de abogados Foley Hoag de EE.UU. fue contratada por el gobierno ecuatoriano para la defensa de varias demandas internacionales, pese a que trabajaba para la multinacional Chevron Texaco.
El exsambleísta también afirmaba que la relación entre Chevron y Foley Hoag la conocían los más altos funcionarios del gobierno, por lo que exigía una aclaración.
Este boletín se habría replicado en varios medios de comunicación, asimismo Cléver J. habría dado entrevistas sobre el tema, lo que configuraría el delito por el que se les acusa.
Tanto Cléver J. como Fernando V. fueron sentenciados en 2013 a 18 meses de cárcel por el delito de injurias contra el presidente Rafael Correa.
Los sentenciados acusaron al mandatario en el 2011 de supuestamente haber ordenado la incursión armada en el Hospital de la Policía, durante el intento de golpe de Estado del 30 de septiembre del 2010 (30-S), querella que fue desechada y el mandatario los contrademandó por injurias.
Los sentenciados se mantuvieron en la clandestinidad hasta que prescribió la pena y por estos antecedentes fue que el Ministerio Público solicitó que en este nuevo proceso se dicte la prisión preventiva para los imputados y así asegurar su comparecencia a juicio y de comprobarse su culpabilidad, cumplan sus condenas.
