El parlamentario indicó que de forma simultánea a este proceso de consulta prelegislativa donde participarán comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, pueblos afroecuatoriano y muntubio, escucharán a diversos sectores de la rama productiva, empresarios o de la academia, que soliciten ser recibidos, a fin de conocer sus planteamientos.
Dijo que el Código del Ambiente implica la necesidad de tener una norma ambiental que articule todos los elementos que tienen que ver con los derechos de la naturaleza, el entorno de la biodiversidad: bosques, ríos, aire, suelos y, al mismo tiempo, tener una institucionalidad potente, efectiva, eficiente y una sociedad consciente de sus acciones, ya que cada acto humano tiene implicaciones con el ambiente.
Al referirse al proceso de fiscalización de la Declaratoria de Interés Nacional de la explotación de petróleo en los bloques 31 y 43, señaló que desde hace dos años realizan este proceso para verificar que se cumpla lo que la Asamblea Nacional aprobó. Vemos que se maneja conforme los lineamientos aprobados por la Legislatura, agregó.
Expresó que en la Declaratoria se estableció la elaboración del proyecto de Ley Especial para la Amazonía, que tiene que venir desde el Ejecutivo, pero que hasta el momento no se lo ha hecho, razón por la cual insistirán para que se cumpla esta disposición, conforme lo determina el artículo 250 de la Constitución.
Manifestó que la comisión no ha recibido un reporte de cómo avanza la construcción de esta normativa que tiene componentes de carácter económico y presupuestario, pero que a la vez consolida a la región Amazónica como la circunscripción territorial especial que la debemos proteger.
Carlos Viteri sostuvo que otro tema que preocupa a la comisión es la planificación de las inversiones de los recursos, que de hecho, del bloque 31 se comienza a producir, a partir de la vigencia de la Declaratoria. Estamos conscientes que cuando aprobamos la declaratoria no existía la crisis que tenemos ahora con la caída del precio del barril de petróleo, lo cual modifica la planificación de cualquier país del mundo, pero el Ejecutivo debe detallar una planificación de las inversiones y dar a conocer qué tratamiento se está dando sobre este particular, aseveró.
Añadió que otro aspecto previsto en la Declaratoria es la conformación de veedurías u observatorios ciudadanos. Si bien existe una institución como es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que presenta las facilidades, las veedurías tienen que ser por iniciativa ciudadana.
Carlos Viteri señaló, además, que en el 2016 continuarán la investigación en el caso Chevron-Texaco, sobre el cual la Asamblea Nacional no ha sido indiferente a lo que ocurrió en la Amazonía, ni a los ataques que nuestro país e instituciones han venido sufriendo en los últimos años por parte de esta empresa.
Indicó que al momento está listo el borrador de informe de esta investigación y el próximo año lo harán llegar a la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, a fin de que se lo ponga a consideración del Pleno.
