Su abogado Jorge Sosa, en declaraciones para Notimundo, indicó que hace dos meses presentaron a la Corte Nacional de Justicia la petición de la prescripción de los procesos que se llevan “hace 18 y 20 años, respectivamente, en su contra”.
Según Sosa, “el tiempo que lleva el expresidente con orden de prisión preventiva (20 años) ya excede entre cuatro y cinco veces más la pena máxima que pudiese otorgarle por supuesto peculado el Código Penal anterior”.
Es decir, Bucaram ya hubiese acabado su tiempo de reclusión, si hubiese sido juzgado, asegura Sosa. Para el jurista, “el Estado ecuatoriano no prescribe los casos, porque así buscan obstruir los derechos ciudadanos del ex presidente”.
Su defensor afirma que Bucaram no “debería tener impedimento alguno para retornar al país”. A su parecer, estos casos jurídicos “son una instrumentalización de la política ecuatoriana”.
Aunque no aseguró si el plan principal del expresidente Bucaram es ser candidato presidencial nuevamente, sí dijo que “él debe tener todos sus derechos restituidos y como cualquier ciudadano, tiene el derecho de ser candidato a la asamblea, o apoyar a su hijo o analizar la posibilidad de postularse a las elecciones presidenciales en 2017”.
Sobre los procesos paralelos de defensa que sigue Bucaram
El 26 de octubre pasado, Bucaram demandó en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado de Ecuador, al que exige 200 millones de dólares por considerar que fueron violados varios de sus derechos.
La demanda considera que Ecuador no respetó derechos básicos del expresidente recogidos en el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, entre ellos el de debido proceso, de tutela judicial efectiva, derecho a la integridad física y principio de legalidad.
Bucaram reclama 200 millones de dólares al país del que fue presidente (1996-1997) al considerarse víctima de estas violaciones, que le acarrearon un estado de depresión e indefensión en el cual sobrevivió a dos infartos y una miocarditis que le llegaron a tener «al borde de la muerte».
El 6 de febrero de 1997 el Congreso ecuatoriano destituyó a Bucaram por «incapacidad mental» para gobernar y declaró vacante la Presidencia de la República.
En la demanda, el expresidente ecuatoriano apuntó que su destitución se propuso en el Congreso por su «supuesta incapacidad física o mental» sin el «indispensable juicio político» que le permitiera ejercer su «legítimo derecho a la defensa».
