La directora del centro de promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos (Promsex), Susana Chávez, explicó en una entrevista a Efe que «les preocupa» la postura de Fujimori porque «hay un problema de fondo que es la negativa de los derechos a las mujeres».
La candidata presidencial, que disputará la segunda ronda electoral con Pedro Pablo Kuczynski, se posicionó contra el aborto y la unión civil entre parejas homosexuales hace dos días en una reunión en Lima con miembros de iglesias evangélicas.
En el encuentro, Fujimori firmó un documento en el que acordó «defender la familia, rechazar la unión civil, el matrimonio homosexual y la adopción de niños por parte de las personas del mismo sexo» porque eso «coincide plenamente» con lo que piensa.
Para Promsex, el aborto debe estar despenalizado, especialmente en casos de violación, y Chávez incidió además en la ausencia de distribución estatal de la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE), la denominada «píldora del día después».
La directora lamentó que una disposición dictada por el Tribunal Constitucional (TC) en 2009 prohibiera la distribución gratuita de tratamientos de urgencia, incluso en los casos de abuso sexual.
«La distribución ha sido muy combatida por el sector conservador, especialmente por el fujimorismo», explicó Chávez.
Promsex y las ong DEMUS y Paz y Esperanza han interpuesto una demanda en marzo pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde denuncian la falta de distribución universal porque lo consideran «una medida abiertamente discriminatoria».
La denuncia, que aún no ha sido admitida a trámite, es posterior a una demanda similar interpuesta en 2010 por la exministra de la Mujer Anel Townsend y exige que los servicios de salud peruanos entreguen «un protocolo completo» para las situaciones donde deba administrarse la píldora, especialmente en caso de violencia sexual, explicó Chávez.
Promsex espera que con la denuncia «haya un debate público, que el tema se movilice de forma nacional y mueva al Tribunal Constitucional para que elimine esta medida».
Chávez afirmó que Perú cuenta con un «sistema inseguro de abastecimiento de medicamentos» ya que aunque la distribución estatal está prohibida, las mujeres pueden acceder al AOE de forma libre por un precio que oscila entre 5 y 10 dólares, un precio «muy caro, especialmente en zonas de la selva».
Además, la activista explicó que hay riesgos en esta venta libre porque «los análisis de algunos de estos medicamentos no responden a los estándares y el ministerio de Salud no tiene posibilidades de controlar la accesibilidad y tampoco la calidad».
En el documental «La AOE en el Perú», que puede verse a través de Youtube desde el 2 de mayo, se relata la historia de María, una mujer que fue violada en la zona centro de Perú en 2012 cuando tenía 17 años y a quien el Estado no le administró la píldora.
«(A María) no le proveen la AOE, incumplen el protocolo y le dicen que vaya a comprársela, la expusieron a un riesgo innecesario», criticó Chávez.
La directora de Promsex explicó que en Perú las mujeres «viven la violación como un acto de vergüenza» y que existen 25.000 denuncias al año por violación, de acuerdo con la Policía peruana.
En Perú, país de mayoría católica, el debate sobre la píldora del día siguiente está ligado al del aborto, que es ilegal y constituye un delito contra la vida, permitiéndose solo cuando la vida de la madre corre peligro.
