Los tenderos uruguayos creen que la reciente subida del impuesto al tabaco de un 15,5 % se debe al "afán recaudatorio" del Gobierno y no a una medida para reducir el consumo de cigarrillos, dijo hoy a Efe el presidente de la Asociación de Kioscos y Sub-Agentes de Quinielas del país, Claudio Orrego.

El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, firmó este viernes un decreto por el que se incrementa el Impuesto Específico Interno (Imesi), el gravamen que se aplica al tabaco y sus derivados, que será de 52,22 pesos (unos 1,68 dólares) para las cajas de cigarrillos y de 23,26 pesos uruguayos (unos 0,75 dólares) para los paquetes de tabaco.

Hasta ahora, el precio aproximado de un paquete de cigarrillos era de entre 95 y 100 pesos (de 3 a 3,2 dólares) -impuestos incluidos- y con el aumento del Imesi subirá en torno a 15 pesos (0,48 dólares).

Según Orrego, esta medida solo provocará que aumente el contrabando de tabaco y no servirá para reducir el número de fumadores, dado que el precio del tabaco de contrabando se sitúa entre 35 y 40 pesos (entre 1,1 y 1,3 dólares).

«Esto es una campaña para conseguir recursos del Gobierno, que utiliza esto para pegarnos. No soluciona nada. De esta manera se fomenta el consumo de tabaco de contrabando, que no cumple ninguna normativa vigente y que no paga ningún impuesto y va a las arcas del contrabandista», subrayó.

«El fumador que ya tiene instalado el vicio, el fumador que necesita fumar… cuando no tiene los recursos acaba comprando cigarrillos de contrabando», añadió Orrego.

La restrictiva política que rige en Uruguay en cuanto al tabaco fue alentada por el presidente, oncólogo de formación, durante su primer mandato (2005-2010) y, según datos del Instituto Nacional de Estadística del país suramericano aportados el pasado noviembre, actualmente existen unos 400.000 fumadores diarios mayores de 15 años en el país, cuando hace 10 años eran en torno a 600.000.

El decreto firmado por Vázquez añade que el propósito del Gobierno es continuar profundizando en la política antitabaco, dado el «impacto positivo» que la misma ha generado respecto de la reducción del consumo.

Además, señala que dentro del conjunto de medidas adoptadas para combatir el tabaquismo se ha verificado que el aumento de la tributación constituye un instrumento «eficaz» en la consecución de los fines mencionados.

Según un informe de 2014 elaborado por la consultora Ipsos, dedicada a realizar estudios de mercado con base en encuestas telefónicas, se indica que el tabaco de contrabando supone el 31,2 % del volumen total de ventas.

Entre las cifras de ese informe destaca que en los departamentos uruguayos fronterizos con Brasil el volumen del contrabando llega al 78 % del volumen total de cigarrillos comprados y que son consumidos por el 76,4 % de los fumadores.

En este sentido, Orrego aseguró que en 2013 mandó realizar un estudio en un laboratorio de Buenos Aires para comprobar de qué estaban compuestos los cigarrillos de contrabando.

«Los cigarrillos tienen desde pasto, tierra y heces hasta pelos de rata y productos químicos… y algo de tabaco. Eso es lo que está fumando la gente por 35 pesos», resaltó con base en ese estudio que, según él, remitió tanto al Senado como a la Cámara de Diputados.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), «el tabaco es una de las mayores amenazas para la salud pública que ha tenido que afrontar el mundo. Mata a casi 6 millones de personas al año, de las cuales más de 5 millones son consumidores directos y más de 600.000 son no fumadores expuestos al humo ajeno».

Por otro lado, los quiosqueros (tenderos) uruguayos también se quejan de que la venta legal de marihuana en las farmacias, que el Gobierno prevé que comenzará entre finales del primer semestre de 2016 y comienzos del segundo, no se hará en igualdad de condiciones con respecto del tabaco.

Sobre ello, una ley vigente dice que los cigarrillos en los establecimientos donde se comercializan deben estar escondidos a la vista de los clientes, algo que, de momento, no ocurrirá con la marihuana.

«La marihuana se venderá en farmacias, la gente la plantará y el gobierno la proveerá. Esto hace pensar que el objetivo no es de prevención o disminución, sino de recaudación», dijo.