Tras conocerse que el Senado de Brasil inició un juicio a Rousseff con fines de destitución y que el vicepresidente, Michel Temer, asumió funciones presidenciales, uno de los primeros en pronunciarse fue el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, quien llamó a la «calma y al diálogo».
Ban dijo que confía en que las autoridades brasileñas «honrarán los procesos democráticos» y cumplirán «con el Estado de derecho y la Constitución».
En una de las reacciones más esperadas, la del Gobierno de los EE.UU., el portavoz, Josh Earnest, aseguró que la Casa Blanca cree en la robustez de las instituciones brasileñas para superar la crisis y que continuará «al lado» de Brasil pese a los tiempos «complejos».
En Latinoamérica las opiniones sobre lo ocurrido se dividieron entre quienes temen un «contagio» del «desequilibrio» político, aquellos que declararon su apoyo incondicional a Rousseff y otros que prefirieron acogerse a los rigores de la diplomacia.
Así, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) se mostró preocupada por la posibilidad de que las «circunstancias de inestabilidad» puedan «trasladarse de manera peligrosa a la región».
Para el secretario general del organismo, Ernesto Samper, en Brasil hay actores «que están haciendo política sin responsabilidad» y «comprometiendo la gobernabilidad democrática de la región».
Por su parte, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, señaló que el juicio contra Rousseff es una decisión «dolorosa, compleja y difícil de comprender».
La funcionaria hizo votos para que el ordenamiento de la economía brasileña que, a su juicio, «es lo que vendrá enseguida», se haga «sin retrocesos sociales» ya que, ahondó, las crisis previas en Latinoamérica han demostrado que el tejido social tarda más tiempo en recuperarse que los indicadores macroeconómicos.
En Venezuela, el presidente, Nicolás Maduro, afirmó que la suspensión de Rousseff es «un golpe de Estado» y una «señal grave y muy peligrosa para el futuro de la estabilidad de todo el continente».
«Ahora vienen por Venezuela», dijo Maduro, tras señalar que se trata de un supuesto plan de los que mueven «los hilos del poder» desde «el norte», en referencia a EE.UU.
En contraste y para aprovechar el remezón político, el jefe de la fracción opositora del Parlamento venezolano, Julio Borges, instó a Maduro a «verse reflejado en el espejo».
«Hoy salió Dilma (Rousseff) del poder, una mujer que hasta hace dos, tres semanas decía que era imposible salir del poder, que se vea Nicolás Maduro reflejado en ese espejo, cuando un pueblo tiene determinación nada ni nadie lo puede frenar y eso está ocurriendo en Venezuela», apuntilló Borges.
En una carta enviada a Rousseff, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se declaró «indignado» con el «impresentable y antidemocrático proceso», al que calificó de «mamarracho jurídico y político».
Asimismo, Cuba achacó la crisis a una «contraofensiva reaccionaria del imperialismo contra los gobiernos revolucionarios y progresistas de América Latina y el Caribe, que amenaza la paz y la estabilidad de las naciones» y es un «paso fundamental» para los «objetivos golpistas».
El mandatario boliviano, Evo Morales, condenó el «atentado contra la democracia y la estabilidad económica de Brasil y la región».
Con «incertidumbre» se declaró la Cancillería chilena que reafirmó su «decidido» respaldo al Estado de derecho y a las «instituciones democráticas de Brasil» y se mostró deseosa de que los brasileños puedan «resolver sus desafíos internos».
A su turno, el canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, manifestó que «la situación puede tener algún efecto de cambio» en la negociación que mantienen el Mercosur y la Unión Europea para un acuerdo de libre comercio, pero precisó que «la estructura de la oferta no cambia».
También, el Gobierno colombiano aseguró que «ha seguido de cerca» los acontecimientos debido a «la relevancia política y económica de Brasil«, por lo que espera que se preserve «la estabilidad» por su «influencia y liderazgo».
Ceñido a la diplomacia, el canciller paraguayo, Eladio Loizaga, sostuvo que su Gobierno respeta «las decisiones institucionales» de su vecino y prefiere «no interferir en cuestiones internas de otros Estados como no queremos y no quisimos que se metieran en un momento dado acá».
Acudió igualmente al tacto el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, que aseveró que «continuará dialogando con las autoridades constituidas a fin de seguir avanzando con el proceso de integración bilateral y regional».
Desde Miami, el ex jefe del Gobierno español José María Aznar opinó que hay que «respetar» la «legitimidad» del Senado brasileño y consideró que «incitar a que pueda haber problemas en la calle sería una decisión especialmente grave».
Finalmente, el expresidente boliviano Jorge Quiroga puntualizó que con el cambio en la Presidencia en Brasil llegó «el principio del fin del socialismo del siglo XXI», proyecto de «una pandilla de socios listos que se apoyaban políticamente con la chequera venezolana, con el PT en Brasil y con los Kirchner en Argentina».
