La organización dijo en un comunicado que la «preocupación persistente» por enviar a la gente de vuelta a Turquía en vez de «hacer esfuerzos incondicionales sobre la reubicación» y ofrecer otras formas seguras y legales para Europa, muestra una actitud «alarmante y miope».
Los líderes de la UE y de Turquía han incurrido en «un regateo apartado de los derechos y la dignidad de algunas de las personas más vulnerables del mundo», denunció la directora de AI en las instituciones europeas, Iverna McGowan.
Una de las condiciones del pacto es que por cada sirio que readmita Turquía desde las islas griegas, otra persona de esa nacionalidad sea reubicada desde Turquía a los Estados miembros, un trueque que McGowan consideró «peligrosamente deshumanizante» y que además «no ofrece ninguna solución sostenible a largo plazo» frente a la crisis.
Por otra parte, Amnistía Internacional señaló que no cree que Turquía pueda ser considerado como «país seguro», debido al tratamiento a los migrantes y refugiados, ya que «ha devuelto a refugiados a Siria» y «no cuenta con un sistema de asilo en pleno funcionamiento».
«Muchos refugiados en Turquía viven en condiciones terribles sin una vivienda adecuada, y cientos de miles de niños refugiados no pueden acceder a una educación formal», afirmó la directora de la oficina europea de la organización.
La ONG precisó que se opone al concepto de un tercer país seguro en general, al considerar que esto «debilita el derecho individual a que las demandas sean procesadas completamente y de manera justa» y puede derivar en que se deporte a personas a su país de origen, lo cual «viola el principio de no devolución».
Por ello, AI calificó la propuesta de una «burla» a la obligación de la UE de proporcionar acceso al asilo en sus fronteras, y manifestó que cualquier sistema de retornos que no se base en el principio del derecho individual a tener acceso a un procedimiento de asilo justo «es muy problemático».
Los líderes de la UE argumentaron la legalidad de esta propuesta en virtud de la designación de Turquía como un «país seguro» ya que el artículo 33 de la directiva europea permite a un Estado rechazar una petición de asilo si la persona viene de otro seguro.
La organización también avisó de que con el cierre de la ruta de los Balcanes occidentales, miles de personas se quedarán «abandonadas en el frío» sin un plan claro sobre cómo abordar «sus necesidades humanitarias urgentes y sus derechos a la protección internacional».
Respecto a las personas solicitantes de asilo que no son de Siria, Amnistía Internacional afirmó que no se ha dejado claro cómo garantizar sus derechos en el posible contexto de un sistema de retornos masivos.
