La iniciativa aprobada por la Comisión de Participación Ciudadana plantea que la declaración juramentada se presente en un formulario electrónico y, por tanto, se elimina la obligación de elevarla a escritura pública, es decir, ya no se necesitaría notarizarla.
También se establece que la declaración es un documento público electrónico con todas las formalidades que exige la ley y que tendrá valor probatorio y legal.
Según el proyecto, a través la página web de la Contraloría General del Estado los servidores públicos tendrán que ingresar sus activos y pasivos. Según su máximo representante, Carlos Pólit, se agotarán todas las acciones para que la información se mantenga de manera segura y reservada.
A través de este instrumento legal también se norma la obligación de actualizar la declaración cada dos años.
