Con 94 votos afirmativos, 26 negativos y siete abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este jueves el proyecto de Ley Solidaria y de Corresponsabilidad Ciudadana por las Afectaciones del Terremoto que tiene por objeto la recaudación de contribuciones solidarias para la reconstrucción de la infraestructura pública y privada, así como la reactivación productiva que comprenderá, entre otros objetivos, la implementación de planes, programas, acciones, incentivos y políticas públicas para enfrentar las consecuencias del terremoto.
Virgilio Hernández, asambleísta por AP y ponente del proyecto, señaló que la normativa se aplicaría a todas las zonas afectadas por el terremoto, y confirmó que Manabí, Esmeraldas, Santo Domingo y otras zonas gravemente afectadas serán beneficiarias. «En la reconstrucción se tomará en cuenta la mano de obra y empresas locales», dijo.
Asimismo, el legislador dijo que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) dictarán ordenanzas para revisión de multas e intereses y no pago del impuesto predial en zonas afectadas. «Dictarán ordenanzas para remisión de multas e intereses y no pago del impuesto predial en zonas afectadas», detalló.
En este sentido, según el legislativo la nueva Ley dispone que las personas naturales bajo relación de dependencia que durante ocho meses siguientes a la vigencia de esta ley perciban una remuneración mensual igual o mayor a 1.000 dólares pagarán una contribución igual a un día de remuneración; los de más de 2.000 dólares dos días en dos meses; más de 3.000 dólares, tres días de sueldo por 3 meses; más de 4.000 dólares cuatro días en 4 meses, más de 5.000 hasta menos de 7.500 dólares, cinco días de remuneración en cinco meses; más de 7500 hasta menos 12.000 dólares, 6 días de sueldo en seis meses; de 12.000 a menos de 20.000 dólares, una contribución por siete meses y de 20.000 en adelante, 8 días de sueldo en ocho meses.
A través del proyecto se determina, además, que los fondos que se recauden por concepto de esta ley, no pueden ser manejados por un fideicomiso y menos con administradores privados, y se mantiene el incremento de 2 puntos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de forma temporal, para la reactivación y reconstrucción de la provincia de Manabí y otras circunscripciones afectadas por el terremoto.
En cuanto al Patrimonio, la normativa indica que las personas naturales que al 1 de enero de 2016 posean un patrimonio individual igual o mayor a un millón de dólares, pagarán la contribución del 0,90%. En caso de residentes en el Ecuador la contribución se calculará sobre el patrimonio ubicado dentro y fuera del país; para no residentes en el Ecuador, la contribución se calculará sobre el patrimonio ubicado en el país.
Mientras tanto, sobre los paraísos fiscales, se establece por una sola vez la contribución solidaria del 1.8% del avalúo catastral del año 2016, sobre todos los bienes inmuebles existentes en el Ecuador y los derechos representativos de capital de sociedades residentes en el Ecuador, en la parte que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley pertenezca de manera directa a una sociedad residente en un paraíso fiscal o jurisdicción de menor imposición o no se conozca su residencia. La contribución será del 0,90% del avalúo catastral del año 2016 sobre la totalidad de bienes inmuebles existentes en el Ecuador y de derechos representativos de capital de sociedades residentes en el Ecuador en la parte que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley pertenezca de manera directa a una sociedad no residente en el Ecuador no contemplada en el inciso anterior.
Finalmente, en incentivos para las zonas afectadas, se exonera del pago del impuesto a la salida de divisas (ISD) y aranceles aduaneros las importaciones efectuadas a favor de contribuyentes que han sufrido una afectación económica directa como consecuencia del desastre natural; se incrementa al período la exención del pago del impuesto al RISE establecido hasta diciembre del presente año un descuento del 50% del pago de las cuotas del RISE durante el 2017; se dispone la remisión del 100% de intereses, multas y recargos derivados de toda obligación tributaria y fiscal vencida a la fecha de vigencia de esta ley para los sujetos pasivos que hayan sufrido una afectación directa en sus activos como consecuencia del desastre natural y que en un plazo de 2 años hayan pagado la totalidad del capital.
Se incluye el compromiso establecido por la banca privada respecto del diferimiento sin recargo por 90 días de los créditos otorgados por las instituciones del sistema financiero a las personas afectadas por el terremoto; se dispone la generación de fondos crediticios destinados a la reactivación productiva de las zonas afectadas por parte de la banca y la canalización de una parte de los recursos de crédito a través de la banca privada y las cooperativas de ahorro y crédito existentes en las zonas afectadas para impulsar la construcción de vivienda, la reactivación productiva, el crédito educativo, entre otros.
Para evitar el incremento en los precios de los combustibles y el gas licuado de petróleo GLP, por el incremento temporal de 2 puntos del IVA, se incluye que la entidad encargada de la fijación de precios de los mismos realizará los ajustes necesarios en la cadena de comercialización, para lo cual emitirá la normativa respectiva que permita la aplicación de dicho artículo. El Ministerio de Finanzas será el responsable de realizar los ajustes y transferencias correspondientes.
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