Así lo informó hoy Ramiro Ávila, abogado del colectivo Yasunidos, en una rueda de prensa, al comentar que el pasado 27 de enero enviaron a la CIDH información sobre un reciente ataque a indígenas.
La Fiscalía de Ecuador investiga la muerte de un indígena waorani y las heridas infligidas a otra, en un ataque presuntamente perpetrado el 25 de enero por grupos en aislamiento en un sector del Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía del país andino.
La Fiscalía informó que tras esos hechos lideró un operativo para rescatar a una mujer waorani herida, «que habría sido atacada con lanzas por un grupo en aislamiento».
«Esperamos que la Comisión Interamericana se pronuncie y mande al Estado, ordene al Estado, tomar todas las medidas efectivas para prevenir otra posible masacre», dijo Ávila al apuntar que la Comisión podría tomarse unas dos semanas para estudiar el caso.
El abogado recordó que en 2013, tras la muerte de dos waoranis, presuntamente a manos de indígenas no contactados, los primeros posteriormente se armaron, entraron a la selva y supuestamente mataron a miembros de la etnia taromenane.
«Ahora podría suceder algo parecido si es que no se previene esto», declaró Ávila.
Consideró que tras el ataque del 25 de enero contra los dos waoranis, «es muy posible» que miembros de esa nacionalidad «estén preparando una incursión armada para entrar a la selva y buscar a los posibles autores de esto y matarles», dijo.
En la rueda de prensa, Alicia Cahuiya, vicepresidenta de la nacionalidad Waorani, se quejó por la expansión de la actividad petrolera en la Amazonía y consideró que el Estado debe ayudar a los familiares de las víctimas del ataque del 25 de enero.
«Los padres de ellos (de las víctimas) están muy bravos», dijo al expresar su temor de que pudiesen buscar venganza.
En octubre pasado, representantes del Gobierno de Ecuador pidieron a la CIDH que archivara un caso sobre la presunta violación de los derechos de los pueblos Tagaeri y Taromenane, en aislamiento voluntario y supuestamente amenazados por la actividad petrolera, pues, según dijeron, están protegidos por el Estado.
«El Estado ha tomado medidas como ningún otro Estado para la protección de los pueblos indígenas en régimen de aislamiento voluntario», afirmó entonces el representante de Ecuador, Ricardo Velasco, en una comparecencia ante a CIDH.
El caso se remonta a 2006, cuando la Comisión recibió una petición de varias organizaciones que alegaban que el Estado ecuatoriano había violado los derechos de los Tagaeri y Taromenane porque presuntamente no había adoptado los recursos necesarios para protegerles.
Para los peticionarios, esta desprotección se ha manifestado en tres supuestas matanzas cometidas en mayo de 2003, abril de 2006 y marzo de 2013 por taladores ilegales, indígenas Waorani o como resultado de conflictos entre los Tagaeri y los Taromenane, que ven menguado su territorio por la actividad de las petroleras.
Velasco sostuvo entonces que el Estado ecuatoriano adelanta diversos protocolos para proteger a las comunidades aisladas voluntariamente desde la muerte de indígenas en 2003, que para Ecuador es la única de las matanzas que debería de haberse tratado durante la audiencia de octubre en la CIDH.
