El fiscal del occidental estado de Jalisco, Eduardo Almaguer, dijo que el grupo repartía publicidad en las calles y utilizaba a la estadounidense Johanna Mary Hernández, de 28 años, y a otro sujeto para reunir a los interesados en fincas.
Allí les daban «un entrenamiento de una semana», particularmente en la utilización de armamento, señaló en conferencia de prensa.
Bajo el nombre de Segmex, la firma se anunciaba como «líder en seguridad privada» y ofrecía puestos de trabajo como custodio o escolta con un sueldo inicial de 3.000 pesos (unos 170 dólares) semanales.
El salario podía ser mayor si la persona interesada había pertenecido a alguna corporación policiaca municipal o federal o al Ejército, indicó el fiscal.
Explicó que esta modalidad de reclutamiento fue descubierta a partir de dos denuncias anónimas, una de ellas del municipio de San Juan de los Lagos y otra más desde Lagos de Moreno.
Personal de la fiscalía acudió el 7 de marzo a los sitios denunciados y arrestó a 13 personas en posesión de cristal y cocaína, siete en un hotel San Juan de los Lagos y las otras seis en Lagos de Moreno, detalló.
De acuerdo con los testimonios los detenidos, luego de contactar a Hernández, eran citados en fincas de Tlaquepaque o Puerto Vallarta, para luego ser llevados a un terreno cuya dirección no fue divulgada por las autoridades.
Ahí eran entrenados durante una semana y luego trasladados al municipio de Lagos de Moreno, en la zona de Los Altos de Jalisco, para que se dedicaran a la distribución de drogas, en sustitución de vendedores que habían huido tras los operativos de la fiscalía en esa zona.
De los 13 detenidos, once fueron entregados esta madrugada a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) por secuestro y delincuencia organizada.
De los dos restantes, uno es menor de edad y otro un guardia de seguridad que había sido secuestrado por negarse a formar parte del CJNG, explicó Almaguer.
Este último «trabajaba en una agencia de seguridad privada y cuando ve lo que sucede, pide separarse y no participar, (pero) no se lo permiten y le dicen que para hacerlo sus familiares tendrían que pagar un millón de pesos (56.000 dólares)», dijo.
Los familiares de ese guardia hicieron una de las llamadas anónimas, indicó el fiscal, quien comentó que algunos de los detenidos dijeron que se dedicaban a cuidar carros o a limpiar parabrisas en los cruces de las calles antes de ser enrolados por el cártel.
Esta forma de reclutamiento del CJNG no había sido identificada antes por las autoridades, apuntó Almaguer, quien recordó que antes invitaban a los jóvenes a ingresar al cártel a través de conocidos. Ahora lo hacen «engañando» y «con amenazas» para que permanezcan en la organización, añadió.