Más Allá de los Hechos

Marcela Aguiñaga, asambleísta por la Revolución Ciudadana, anunció que la plataforma ‘Unión por la Esperanza’ es una alianza entre dos organizaciones políticas, varios movimientos ciudadanos y colectivos sociales que buscan fortalecer la tendencia centro – izquierda en Ecuador. Destacó que esta coalición también exige que la Revolución Ciudadana tenga que abrirse a nuevos candidatos y resaltó que existen “circunstancias complejas” que se tienen que resolver “casa adentro”; entre los que enlistó que, pese a que las encuestas indican que el correísmo tiene un “voto duro”, no está definido que esos electores “estén muy conformes con apoyar a una cara nueva”.

León Roldós Aguilera, ex vicepresidente de la República, aseguró que en las Elecciones Presidenciales de 2021 ningún candidato es lo suficientemente fuerte como para superar con un gran porcentaje a sus contrincantes y confirmó que la posibilidad de la segunda vuelta es clara. Sin embargo, a criterio de Roldós Aguilera, todavía no se esclarece qué candidatos llegarán al balotaje. El universo de candidatos tendrá al ex vicepresidente, Otto Sonnenholzner; al líder del movimiento CREO, Guillermo Lasso; al expresidente, Lucio Gutierrez y posiblemente a Álvaro Noboa, todos personajes públicos distanciados del gobierno actual.

Hernán Pérez Loose, miembro del Comité de la Institucionalización Democrática, explicó que la reforma a la Asamblea Nacional tiene varias aristas, que incluyen una reducción considerable de legisladores. Este recorte según Pérez, dividirá en dos cámaras a la función legislativa, una de ellas un senado o cámara alta que será conformada por candidatos elegidos por un escrutinio público. Pérez aseguró que se ha demostrado una “enorme ineficiencia” en la Asamblea porque todos los legisladores tienen la potestad de fiscalizar, juzgar, aprobar leyes o designar funcionarios públicos. Lo que se busca con la reforma que plantea el comité, es que cada cámara reasigne las funciones de los asambleístas para generar mayor eficiencia y control en sus conductas, indicó Pérez.

El líder del Movimiento CREO, Guillermo Lasso, afirmó que el Gobierno de Lenín Moreno “cuida las espaldas del correísmo” y aseguró que “han demostrado que no son capaces de gobernar”. Agregó que el Ejecutivo no puede decir que ha cumplido con los ciudadanos porque existen falencias en las necesidades básicas. En ese sentido, manifestó que se puede superar la pobreza duplicando la producción petrolera y precisó que generar más endeudamiento no es la meta financiera que el país debe tener. Confirmó que será candidato presidencial en las elecciones de 2021.

Carlos Aguinaga, ex presidente del Tribunal Supremo Electoral, opinó que no se puede proceder a la eliminación de las cuatro organizaciones políticas; Juntos Podemos, Fuerza Compromiso Social, Justicia Social y Libertad es Pueblo, que Contraloría General del Estado recomendó eliminar al Consejo Nacional Electoral (CNE) del Registro de Organizaciones Políticas en agosto del año pasado. Según Aguinaga, una vez realizado el registro de los movimientos políticos; se crearon derechos, y sus causales de extinción se encuentran determinadas en la ley, y en este caso, corresponde al CNE justificar las razones de carácter constitucional o legal por las cuales incumplió la recomendación, dispuesta por el contralor Pablo Celi.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, anunció que el Pleno electoral cumplió con las primeras recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado respecto a la auditoría realizada al sistema informático del organismo y aclaró que la sanción administrativa interpuesta sobre ella y otros dos vocales fue realizada “al tercer día” y no tiene relación con las sugerencias iniciales. Informó que eliminar a cuatro organizaciones políticas atenta con los derechos de participación política y aseguró que en el CNE priorizarán el cumplimiento del Código de la Democracia.

Rafael Oyarte, abogado constitucionalista, aseguró que cuando la Contraloría General del Estado emitió una recomendación a los vocales del CNE, tenían la función de cumplirla, caso contrario se genera una responsabilidad administrativa. Pese a esto, Diana Atamaint, José Cabrera y Esthela Acero tendrán 30 días para presentar sus descargos. Si esto no se corrige, “la consecuencia es la destitución y multa”. Según Oyarte, los cuatro movimientos inscritos con presuntas irregularidades en las firmas requeridas para su creación, “deberían desaparecer y eso está en manos del Consejo Nacional Electoral". Agregó que, los ciudadanos son quienes pagan las campañas electorales de los partidos políticos con el financiamiento público.

Fabricio Villamar, asambleísta independiente, resaltó la propuesta de reintegrar la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, para investigar los casos de repartos de puestos o cargos en instituciones públicas, pero puntualizó que dicha Comisión debe estar conformada por asambleístas que no estén involucrados en actos de corrupción o sean investigados por la Fiscalía General por tráfico de influencias.

El asambleísta por la Revolución Ciudadana, Pabel Muñoz, denunció que sin justicia independiente no se va a combatir la corrupción en el país. Aseguró que las declaraciones de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, respecto a que el presidente Lenín Moreno desconoce de un presunto reparto en la red hospitalaria pública, evidencian un doble discurso porque cuando se trató del exmandatario Rafael Correa "dijeron (en la sentencia del Caso Sobornos) que más allá de que haya conocido o no haya conocido (sobre las coimas de Odebrechet) aseguraron que él lideró una banda criminal". Agregó que en la Asamblea Nacional existen fuerzas políticas que “encubren” los actos ilícitos.

La Asambleísta independiente, Mae Montaño, aseguró que la Asamblea Nacional debería actuar de manera inmediata y tener mecanismos propios para que se lleve adelante una investigación política para que si se presume la participación de asambleístas en actos criminales que han jugado con la vida y salud de los ecuatorianos reciban la sanción política y suspenderlos en su calidad de asambleístas. En referencia al caso del legislador Daniel Mendoza, investigado por el delito de delincuencia organizada, Montaño indicó que “ninguna instancia del Gobierno debería permitir que un asambleísta sea parte de contrataciones públicas”.