Según Grace Almeida, dirigente del grupo País Libre Ecuador, el presidente actuó como juez al ordenar el débito de 41 millones de dólares del Issfa por la disputa sobre los terrenos en Samanes. Basándose en el artículo 130 de la Constitución, que establece que entre las razones por las que la Asamblea puede destituir al Presidente está la «arrogación de funciones que no le competen constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional», han decidido hacer uso de este recurso, dijo para Notimundo.
La representante de País Libre Ecuador explicó que al regreso de la vacancia parlamentaria, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) tendrá siete días para tramitar su pedido, si es aprobado enviarlo a la Corte Constitucional para que emita un dictamen y, de ser favorable, regresa a la Asamblea para ser tramitado y destituir al Primer Mandatario.
Finalmente, Almeida aseguró que este martes 16 de febrero entregarán este pedido también a las FF.AA. para hacerles un llamado de atención y hagan respetar los derechos de los ciudadanos, pues consideran que el país se acerca a un abismo y el Gobierno no da muestras de rectificación, sentenció.
