De esta manera el CNE busca «garantizar, de manera transparente y eficaz los procesos electorales, control de propaganda y gasto electoral, así como conocer y resolver en sede administrativa sobre las cuentas que presenten las organizaciones políticas y los responsables económicos; y, remitir los expendientes a la justicia electoral, si fuere el caso».
En la resolución, se prohíbe a los medios de comunicación social, «hacer promoción directa o indirecta que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opciones, preferencias electorales o tesis política; además, no se podrá contratar publicidad en medios de comunicación y vallas publicitarias con fines electorales».
El organismo también dispone «la suspensión inmediata de la publicidad de cualquier tipo de actos de precampaña o campaña anticipada, pagada o gratuita, generada a través de los medios de comunicación, ordenadas por personas distintas al CNE».
A los partidos, movimientos, sujetos políticos y ciudadanía en general, dispone «el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el financiamiento y control del gasto electoral». A estos les advierte que la realización anticipada de actos de campaña y precampaña electoral, constituyen infracciones sancionadas por la Ley.
