El 19 de agosto, tras un incidente en el que tres miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) resultaron heridos, según el Gobierno venezolano, por paramilitares y contrabandistas colombianos, el presidente Nicolás Maduro anunció el cierre de la frontera con Colombia en el sector del Táchira y decretó estado de excepción en seis municipios.
Lo que en un principio se interpretó como una medida cautelar, pues el primer anuncio implicaba 72 horas de clausura, resultó, dos días después, en el cierre del puente Simón Bolívar, sobre el río Táchira, que une Colombia y Venezuela. Maduro, además, extendió el decreto a otros municipios venezolanos y se inició la deportación de ciudadanos colombianos.
Esta decisión derivó en una crisis humanitaria, generado fricción en las relaciones entre ambos países.
El gobierno colombiano denunció graves violaciones de los derechos humanos. La tensión política aumentó cuando ambos países llamaron a consultas a sus embajadores.
Ecuador y Uruguay, países que tienen respectivamente la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), hicieron de mediadores en la crisis fronteriza entre los países vecinos.
El 21 de septiembre, el presidente Rafael Correa y su homólogo uruguayo, Tabaré Vázquez, facilitaron, en Quito, un encuentro entre Santos y Maduro, que se prolongó por cinco horas y que concluyó con un convenio para poner fin a la crisis bilateral. Acordaron, entre otros puntos, el retorno de los respectivos embajadores y se comprometieron a un trabajo conjunto en la frontera entre ambos países.
El presidente Correa dio lectura a los acuerdos logrados:
Los presidente de Colombia y Venezuela se mostraron conformes con los acuerdos alcanzados.
Hasta el momento, tras cuatro meses, el estado en la frontera no se ha normalizado, pero se mantienen, periódicamente, reuniones de autoridades de los dos gobiernos para intentar regularizar la situación limítrofe.
