Señaló que si existe alguna propuesta que pueda cubrir los montos que genere el aumento de dos puntos al IVA, o algo similar, se podría considerar en el proyecto, caso contrario sería difícil, porque se estaría sacrificando recursos que son para la reactivación y reconstrucción de Manabí y las zonas que fueron afectadas por el terremoto.
Este mismo sentir tienen también las autoridades económicas con quienes mantiene reuniones. Precisan que si no hay fuentes de financiamiento alternativas no se podría bajar los dos puntos al IVA establecidos en el proyecto de ley.
El titular de la Comisión de Régimen Económico indicó que anteriormente se hizo un análisis de lo que sería un impuesto al rodaje y se llegó a la conclusión que generaría cerca de 175 millones de dólares. Esta cifra queda lejos de la meta propuesta por la elevación temporal del IVA, por ello, reiteró que mientras no exista una alternativa que se acerque a lo que se recaude por este tributo es muy difícil cambiar la propuesta. Hay que pensar que cada dólar que disminuimos es un dólar menos para las provincias de Manabí y las zonas afectadas que se busca reconstruir y reactivar, dijo Hernández.
En otro orden, señaló que se busca una norma que permita beneficiar a todas las zonas afectadas. Si tienen que ser exonerados de las contribuciones aquellos que fueron directamente afectados se harán precisiones en el articulado del proyecto, añadió.
Mientras tanto, la comisión analizó las propuestas presentadas por el asambleísta Carlos Bergmann, a fin de que se confiera la exoneración total de tributos a la importación de bienes de capital que no se produzcan en el país y que se requieren para el desarrollo de procesos y proyectos productivos, a las personas naturales y jurídicas que tengan su domicilio en la provincia de Manabí, el cantón Muisne y otras circunscripciones geográficas afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016 que se definan por decreto ejecutivo.
El legislador también propuso que para garantizar el acceso eficiente de todos los sectores productivos al financiamiento, el Gobierno Nacional asigne los recursos económicos a la Corporación Financiera Nacional, al Banco de Desarrollo del Estado y a la Corporación Nacional de Finanzas Populares (CONAFIPS) para que actúen como banca de primer y de segundo piso, en el otorgamiento de crédito a los bancos privados, mutualistas, sociedades financieras y entidades del sector financiero, popular y solidario controlado por la SEPS, destinados a personas naturales y jurídicas que reactiven o inicien sus actividades en las zonas afectadas por el terremoto, mediante créditos con una tasa de interés no mayor al 5%, 2 años de gracia y un plazo acorde al destino a financiar: para capital de trabajo, no mayor a 3 años; y, para activos fijos, no mayor a 15 años.
