Los parlamentarios escucharán al director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando; al Superintendente del Control del Poder del Mercado, (s) Cristian Ruiz; gerente subrogante del Banco Central, Rodrigo Landeta; al Secretario General del Consejo Sectorial de Salud, Octavio Flores.
A partir de las 15:00, los comisionados recibirán a la ministra de Finanzas (s), Madeleine Abarca; al representante de las Cervezas Artesanales, Julio Espinosa; a la ministra de Salud, Margarita Guevara; al delegado del Colegio de Economistas de Pichincha, Víctor Hugo Albán; y, al presidente de la Asociación de Importadores, Felipe Cordovez.
El vicepresidente de la Comisión de Régimen Económico, Galo Borja, recordó que de conformidad con lo que determina la Constitución en su artículo 140, la Asamblea Nacional tiene un plazo máximo de 30 días a partir de su recepción para pronunciarse sobre el proyecto.
Mientras que la Ley Orgánica de la Función Legislativa en su artículo 59 determina que para el caso de los proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica, la comisión dentro del plazo de 10 días, contados a partir de la fecha de inicio del tratamiento del proyecto de ley, presentará a la Presidenta de la Asamblea Nacional el informe con las observaciones que juzguen necesarias introducir.
Dentro de los 10 días deberá considerar un plazo no menor a los cinco primeros días para que los ciudadanos que tengan interés en la aprobación del proyecto de ley o que consideren que sus derechos puedan ser afectados por su expedición, puedan acudir ante la comisión y exponer sus argumentos. En ningún caso, la comisión podrá emitir su informe en un plazo menor a cinco días.
El proyecto establece incentivos para fomentar el uso de la moneda electrónica, tarjetas de crédito, para lo cual se busca devolver una parte del IVA cuando se realicen transacciones con estos medios de pago; la redistribución de rentas para los organismos seccionales de acuerdo con el ingreso de los valores recaudados; incrementos a impuestos a consumos especiales para productos que no forman parte de la canasta básica, como la cerveza, cigarrillos, bebidas gaseosas y azucaradas; la corrección de abusos en beneficios tributarios para personas de la tercera edad y discapacitados; el impuesto a consumos especiales en servicios de telefonía móvil prestados sociedades, excepto los utilizados en operaciones de dinero electrónico.
