Según fuentes judiciales, el ministro en visita extraordinaria (juez especial) para causas de violaciones a los derechos humanos, Jaime Arancibia Pinto, condenó al general en retiro Héctor Orozco Sepúlveda y los coroneles también en retiro, Sergio Jara Arancibia y Pedro Lovera Betancourt a penas de 18 años de presidio, en calidad de autores de los homicidios.
En tanto, el capitán en retiro Raúl Navarro Quintana y el suboficial en retiro Milton Núñez Hidalgo recibieron una condena de 8 años de presidio, en calidad de cómplices de los homicidios de Achú Liendo y Wegner Millar, jefe de desarrollo social y director del área de Salud de San Felipe, respectivamente.
El juez Arancibia Pinto logró acreditar que Achú Liendo y Weger Millar fueron detenidos en los meses de septiembre y noviembre de ese año, por personal del regimiento de infantería de la ciudad de San Felipe.
Ambos fueron acusados en ese entonces de ser dirigentes de los Partidos Socialista y Comunista y de mantener armas escondidas por lo que las autoridades militares de ese entonces decidieron que fueran juzgados por un Consejo de Guerra.
Sin embargo, el 13 de diciembre de 1973 son sacados desde el lugar de su reclusión, para ser trasladados a la Fiscalía Militar de esa ciudad que funcionaba en el regimiento.
De regreso a su lugar de reclusión, fueron acribillados por la patrulla que los transportaba y murieron en el acto, luego fueron transportados al hospital local y lavaron los rastros de sangre con la ayuda de gendarmería (guardia de prisiones) de esa ciudad.
En el aspecto civil, el juez condenó a los sentenciados y al Estado de Chile a pagar una indemnización de 120 millones de pesos (unos 167 mil dólares) a Juanita Contesse González, cónyuge de Wegner Millar y 90 millones de pesos (unos 125 mil dólares) para cada uno de sus dos hijos.
También se ordenó pagar 40 millones de pesos (unos 55 mil dólares) a Carlos Aedo Liendo, hermano de Achú Liendo.
