El mandatario lanzó este mensaje al inaugurar en la región Costa del país el curso lectivo, al que hoy se incorporaron 2,6 millones de estudiantes, señaló en un acto publico celebrado en la provincia de Santa Elena (suroeste).
Anunció, además, que el próximo lunes comenzarán las actividades educativas en la provincia de Manabí, una de las más afectadas por el sismo que, además de causar 660 muertos, dejó también 560 escuelas afectadas, según cifras oficiales.
Correa dijo que, pese a que el temblor destruyó casi 300 escuelas, se prevé que para el 4 de julio se hayan incorporado a sus centros escolares todos los alumnos cuyas clases quedaron interrumpidas a causa del movimiento telúrico.
El mandatario, quien defendió un sistema educativo completamente gratuito, «de excelente calidad» y «de acceso masivo», señaló que en Santa Elena durante el periodo de su Gobierno comprendido entre 2008 y 2015, se invirtieron 700 millones de dólares, 241 de ellos en educación.
El jefe de Estado hizo un llamamiento a los ciudadanos a denunciar a quien no cumpla con las normas de construcción vigentes, pues consideró que ello pone en peligro la vida de las personas y recordó que solo en un centro comercial de la localidad de Manta murieron 92 personas al derrumbarse el edificio por el terremoto.
Pidió que no se olviden «los fallecidos, los heridos, las construcciones que se cayeron como castillos de naipes» y se exijan «mejores construcciones, ciudades más ordenadas, ciudades fuera de zonas de riesgo».
«Ustedes, ciudadanos, no el presidente, son los que tienen que reclamar a sus alcaldes que hagan cumplir esas normas ecuatorianas de construcción que ya existen», aseveró, y agregó que «no habrá control que alcance si no hay la conciencia ciudadana de que tenemos que hacer las cosas bien».
El gobernante defendió también las iniciativas económicas especiales que se estudia aplicar para sufragar los costos del terremoto, como la elevación en dos puntos del impuesto al valor añadido (IVA) y dijo que ello supone pedir doce centavos diarios a los ciudadanos.
Pero precisó que «los pobres pagan menos» en virtud de esta medida, pues no están gravados con el IVA el 90 % de los alimentos, ni la totalidad de las medicinas, ni los alquileres ni el transporte público.
