El Gobierno sostiene que el 30 de septiembre de ese año se produjo un intento de golpe de Estado, cuando una protesta de agentes de policía que se congregaron en las inmediaciones de un hospital policial por reclamos salariales se convirtió en un alzamiento de proporciones.
El presidente del país, Rafael Correa, que había acudido al lugar para intentar sofocar la protesta, tuvo que refugiarse en el hospital ante el acecho de policías disconformes y salió nueve horas después tras una operación militar efectuada en medio de un intenso tiroteo.
Correa, en una ceremonia de graduación, se refirió así hoy a una controversia que la semana pasada desembocó en la destitución de la cúpula de las Fuerzas Armadas, después de que sus responsables rechazaran una decisión gubernamental para que el Instituto de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) devuelva al Ministerio de Medio Ambiente unos 41 millones de dólares.
«Lo mismo están haciendo ahora, buscando otro 30-S; si ocurriera algo, hago mías las palabras de Allende (el presidente chileno asesinado en 1973): tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen ni con la fuerza; la historia es nuestra y la hacen los patriotas», aseveró, según la agencia pública de noticias Andes.
Los cerca de 41 millones de dólares que el Gobierno reclama corresponden a la diferencia entre los 48 millones que el organismo militar percibió en 2010 por la venta de unos terrenos en Guayaquil y los 7 millones que debía haber cobrado si los terrenos se hubieran tasado de acuerdo con el avalúo (valoración) municipal.
En ese caso, se aplicó el avalúo de la Dirección Nacional de Avalúos y Catastro (Dinac) que, según el Gobierno, era inadecuado, por lo que, con base en un dictamen de la Procuraduría General del Estado, el Ejecutivo ordenó al Ministerio de Finanzas que retenga los valores pagados en exceso al Issfa, para que sean entregados al Ministerio de Ambiente.
El asunto ha desencadenado protestas de sectores de militares en situación de retiro que temen problemas financieros en el Issfa si finalmente se devuelven los fondos, pero el Gobierno niega tales dificultades y sostiene que, detrás del rechazo, existen intereses políticos.
Según Correa, quienes se oponen a la devolución de los fondos «quieren hacer un escándalo nacional, quieren hacer una crisis política».
El mandatario consideró que el caso pone de relieve dos visiones de sociedad, una de ellas basada en la defensa del espacio propio «en base al poder», y otra que se sustenta en principios como «el bien común, la solidaridad, la igualdad, la equidad, la lógica de justicia», agregó Andes.
