Esos países de Latinoamérica, junto a Bolivia y Nicaragua, aparecen destacados en el informe anual sobre derechos humanos en el mundo del Departamento estadounidense de Estado, publicado hoy, relativo a 2015 y que sirve como referencia al Congreso a la hora de conceder o no ayuda a otros países.
Desde hace al menos una década, tanto Cuba como Venezuela aparecen año tras año señalados en este informe por su falta de respeto a los derechos humanos.
Ni el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba ni el reciente viaje a La Habana del presidente, Barack Obama, evitaron que el Departamento de Estado colocara a Cuba entre los países cuyos gobiernos usan métodos «directos y abiertos» para «reprimir a la sociedad civil».
«No tengo duda de que los cubanos están más interesados en enchufarse a la economía mundial que en reciclar los desperdicios de los argumentos de la Guerra Fría. La única cuestión es cuánto tiempo tardarán los funcionarios de La Habana en ponerse al ritmo de la población», dijo el secretario de Estado, John Kerry, en su discurso de presentación del informe en Washington.
El estudio denuncia que el acoso, las detenciones y las amenazas a los disidentes en Cuba continuaron durante 2015, al igual que la práctica de los arrestos «arbitrarios» de pocas horas «para impedir el ejercicio de las libertades de expresión y reunión pacífica».
Según el documento, el año pasado en Cuba «los ‘actos de repudio’ orquestados por el Estado impidieron a grupos e individuos de la sociedad civil independiente participar en reuniones o eventos».
Además, «la seguridad del Estado continuó con su práctica de detenciones arbitrarias de corto plazo para impedir el ejercicio de las libertades de expresión y reunión pacífica».
Restablecidas las relaciones diplomáticas entre EEUU y Cuba, queda por delante un proceso más largo para normalizar por completo los lazos, en el que el diálogo sobre derechos humanos será con seguridad el punto más tenso.
Con respecto a Venezuela, el informe destaca que el Gobierno de Venezuela sigue usando la judicatura para «intimidar» y perseguir a los opositores políticos, entre los que hace referencia a Leopoldo López, Enzo Scarano y Daniel Ceballos.
El Departamento de Estado resaltó que la familia de Leopoldo López, condenado a casi 14 años de prisión, ha denunciado en varias ocasiones que se «negó» al político permiso para ver a un médico durante la huelga de hambre de 30 días que mantuvo el año pasado en la cárcel militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas.
«Hay información sobre tortura, tratos inhumanos o degradantes y castigos a prisioneros durante todo el año. Dos métodos comunes de tratamiento cruel fueron la negación de asistencia médica de las autoridades de prisiones y el mantenimiento de los presos en régimen de aislamiento», denuncia el informe.
El documento destaca que en 2015 aumentó la represión global de la sociedad civil, e incluye a Ecuador, Bolivia y Nicaragua en la lista de Gobiernos que «usan pesados procedimientos administrativos y burocráticos como medios para restringir la libertad de asociación y reprimir a la sociedad civil».
«El presidente (Rafael) Correa y su Administración siguen enzarzado en ataques verbales y legales contra los medios y la sociedad civil», destaca el informe al hablar de Ecuador.
En México, el Departamento de Estado destaca como principales problemas la impunidad, la corrupción y la participación de la Policía y de las Fuerzas Armadas en «graves abusos», como «ejecuciones ilegales, tortura y desapariciones».
Con respecto a Colombia, EEUU resaltó que el sistema judicial es «ineficaz» para juzgar a antiguos paramilitares y denunció, como principales problemas del país suramericano, la impunidad, la corrupción y los desplazamientos forzados.
En Centroamérica destaca Honduras, donde hay una «impunidad generalizada» debido a la corrupción y la debilidad institucional del sistema judicial.
EEUU ya ha advertido de las amenazas en Honduras contra defensores de derechos humanos como Berta Cáceres, fallecida el pasado 3 de marzo y a la EEUU no menciona en su informe de 2015.
Respecto al Cono Sur, el informe destaca que en Argentina «el Gobierno buscó influir en el proceso judicial de forma sistemática» durante 2015, coincidiendo con el escándalo político desatado por la muerte del fiscal Alberto Nisman tras presentar acusaciones contra la entonces presidenta, Cristina Fernández.
