Los abogados de Luiz Inácio Lula da Silva presentaron un recurso para evitar su encarcelamiento y denunciaron ante la ONU violaciones en el debido proceso que condenó al expresidente brasileño a doce años de cárcel por supuesta corrupción.
La defensa solicitó el martes al Superior Tribunal de Justicia (STJ), con sede en Brasilia, un habeas corpus para permitir que el exmandatario (2003-2010), que logró sacar a 28 millones de personas de la pobreza, siga recurriendo en libertad su condena, dictada la semana pasada por un tribunal de apelaciones de Porto Alegre (sur).
El Tribunal Regional Federal Nº4 (TRF4) ratificó la culpabilidad de Lula, condenado en julio pasado por corrupción y lavado de dinero, y señaló que el líder de la izquierda debería empezar a cumplir su sentencia inmediatamente después de agotar los recursos de segunda instancia, dentro del propio TRF4.
Esto podría llevar al exmandatario tras las rejas en pocas semanas o meses, aun cuando le queden recursos ante tribunales superiores, como el STJ o la corte suprema. Y eso es justamente lo que sus abogados quieren impedir con el recurso presentado este martes. También esta semana, sus abogados denunciaron ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra que el proceso contra Lula carece de imparcialidad.
Sus abogados piden que la Comisión dictamine que los fiscales y jueces que actuaron en el caso «violaron el derecho de Lula a la privacidad, a tener un juicio imparcial, a no sufrir un arresto arbitrario, el derecho de locomoción y el derecho a que se lo presuma inocente hasta que se determine que es culpable».
Firmado por el abogado de Derechos Humanos Geoffrey Robertson, el documento afirma que durante el proceso, los jueces ignoraron pruebas que muestran la inocencia del popular líder de izquierda y que el tribunal de apelaciones contrarió los estándares legales internacionales sobre el derecho a un juicio justo.
El caso de Lula ante la ONU ha tenido pocos avances desde que sus abogados presentaron la denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos en julio de 2016. Desde entonces, la defensa y el estado brasileño han presentado sus respectivas pruebas para que los 18 expertos internacionales que integran la Comisión decidan si admitir el caso o no. Una portavoz de la Comisión explicó que el tratamiento de una denuncia puede durar hasta cinco años.
Lula fue condenado por recibir un apartamento de la constructora OAS a cambio de favorecerla con contratos en la estatal Petrobras, centro de una oscura red de financiación ilegal a partidos políticos, la primera de las muchas cuentas que tiene abiertas en la justicia. La condena puede dejarle fuera de las elecciones presidenciales de octubre próximo, en las cuales los sondeos lo presentan como gran favorito.
Tras perder la apelación de ese caso, un juez de Brasilia a cargo de otro proceso contra el expresidente ordenó confiscarle el pasaporte alegando que Lula podría fugarse del país.
Fuente: El Telégrafo
