Cardozo hizo un encendido discurso en la primera de tres sesiones en que la Cámara de Diputados decidirá si el proceso contra la mandataria va al Senado, instancia que decidirá si finalmente será sometida a un juicio con miras a su destitución.
Según la acusación, Rousseff incurrió en maniobras contables ilegales para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, modificar presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública.
Sin embargo, Cardozo reiteró la versión del Gobierno, según la cual la apertura del proceso no fue más que una mera «venganza» del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, que también es objeto de un juicio político en ese órgano legislativo por supuesta corrupción.
Cunha, un declarado adversario de la mandataria y cuyo cargo le reserva la potestad de aceptar una denuncia contra un jefe de Estado e instaurar el proceso, inició los trámites después de que el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) apoyó la apertura de un juicio en su contra, sostuvo Cardozo.
«Ese hecho le da al proceso un carácter ilegal, distorsionado y lo convierte en nulo», porque «la venganza no es motivo para derrocar a un presidente», declaró.
Cardozo también afirmó que las supuestas maniobras fiscales se enmarcaron en la ley y, sobre todo, no constituyeron «dolo», que en su opinión es uno de los factores que la Constitución exige para configurar un llamado «delito de responsabilidad», que puede llevar a la destitución de un mandatario.
«No hay mala fe, no hay delito, no hay un atentado contra la Constitución», que no se constituye con «cualquier violación o incumplimiento de una norma administrativa», alegó el abogado general.
«Este proceso, viciado y nulo, es un golpe contra el voto de los brasileños que eligieron a Rousseff como legítima presidenta del país», aseguró.
Cardozo intervino después del pronunciamiento del jurista Miguel Reale Júnior, uno de los autores de la acusación, quien reafirmó su opinión de que hubo ilegalidades en esas maniobras fiscales, sobre las cuales aseguró que «destruyeron la economía del país».
Tras las presentaciones de la acusación y la defensa, el pleno de la Cámara baja escuchará a los jefes de los grupos de los 27 partidos representados en ese órgano legislativo, que podrán tomar la palabra por un máximo de una hora cada uno, lo que pudiera llevar a que la sesión concluya durante la mañana del sábado.
Ese día, habrá una segunda sesión de debates, en la que podrán intervenir los 513 diputados, y el domingo se celebrará la propia votación, que se prevé que concluirá bien entrada la noche.
Si los parlamentarios se inclinan por proseguir el proceso, el Senado deberá definir, en un plazo aún no establecido, si finalmente será abierto el juicio político contra Rousseff, que será realizado por esa cámara legislativa.
En caso que el proceso sea abierto, Rousseff sería separada del cargo durante los 180 días que tendrá el Senado para realizar el juicio y en ese período la reemplazaría el vicepresidente Michel Temer, primero en la línea sucesoria y también bajo amenaza de un juicio político.
El trámite ha sido retomado después de que la Corte Suprema rechazó, en la madrugada de hoy, una demanda presentada por la Abogacía General del Estado, que pedía anular parte del proceso por supuestos «vicios procesales», que fueron desconsiderados por la mayoría de los magistrados.
