Luego de más de 32 años, por una decisión del Fiscal General del Estado, el 26 de agosto de 2013, se desempolvó el caso y por primera vez se abrió la investigación previa con dos líneas: interna y externa.
La línea interna tiene como propósito esclarecer el procedimiento de la adquisición del avión, sus características y los vuelos preliminar y principal. Además, de evidenciar los hechos posteriores al accidente, ocurrido en el cerro Huairapungo, en Celica, Loja.
En la línea externa de la investigación se busca contextualizar la política internacional del exPresidente, vinculada a la defensa de los derechos humanos en un periodo de dictaduras en el continente y a la vez analizar las implicaciones del ‘Plan Cóndor’ en Ecuador.
Una de las diligencias más relevantes e históricas en este caso se realizó el 14 de abril del 2016. Por gestión de la Fiscalía se logró verificar información en los archivos de la Dirección del Sistema Integrado de Seguridad de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), ubicada en las instalaciones del Ministerio de Defensa, en Quito.
Allí, la Fiscalía incautó casi 1.000 documentos originales que contienen información del accidente. Dentro de estos constan los informes técnicos emitidos por la Junta Investigadora de Accidentes del Ecuador (JIA) respecto al accidente aéreo.
También se encontró aproximadamente 100 fotografías y archivos de audio y video relacionados con el accidente, así como los restos que, de acuerdo con la FAE, serían del avión siniestrado.
Estos elementos están en fase de clasificación y sistematización, para conocer el contenido específico de cada uno. Luego, mediante Asistencia Penal Internacional, la Fiscalía los entregará lo más importante a los técnicos del Centro de Investigaciones de Desastres Aéreos (CENIPA) de Brasil y a la Policía Federal de este país para que los analicen.
La Fiscalía también analiza los cuatro discos compactos (audios) sobre las sesiones del Consejo Nacional de Seguridad (Cosena) y las 410 hojas que contienen las actas de esos encuentros de entre 1979 y 1982. Esta información fue entregada por el Ministerio Coordinador de Seguridad, en junio del 2015.
A los encuentros del Cosena asistían el entonces presidente Jaime Roldós, los ministros de Estado y los representantes de las Fuerzas Armadas. Con este análisis, la Fiscalía busca evidenciar las relaciones que mantenía el exPresidente con los militares.
Como parte de la investigación se conformó una comisión de expertos nacionales. Estos realizaron un estudio pericial sobre las circunstancias posteriores del accidente, relacionadas con la operación de salvamento, búsqueda, levantamiento de restos humanos y del avión.
La Fiscalía recuperó documentación sobre, entre otras cosas, la propuesta de la Fuerza Aérea para la compra del avión, el decreto suscrito por el presidente aceptando la adquisición, el contrato de compra hasta la entrega del avión.
Esta documentación se encuentra bajo cadena de custodia, además es evaluada y será analizada para determinar bajo qué parámetros esta compra de la aeronave fue declarada de seguridad nacional (por esta razón el procedimiento de compra fue reservado). También esto permitirá esclarecer si se adquirió el avión con caja negra.
La asistencia penal internacional
Para el proceso de investigación, la Fiscalía cuenta con Asistencia Penal Internacional principalmente de los Ministerios Públicos de Brasil, Argentina y Paraguay.
El Centro de Investigaciones de Desastres Aéreos (CENIPA) de Brasil efectuó un análisis técnico a copias certificadas de los informes emitidos por la Junta Investigadora de Accidentes de Ecuador (JIA) sobre el accidente aéreo.
Con Paraguay se coordina la investigación de documentación que existe en el Museo de la Justicia y Archivos del Terror de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, que estén relacionados con el ‘Plan Cóndor’ en Ecuador.
Por otra parte, en Argentina se iniciaron dos juicios vinculados con el ‘Plan Cóndor’. Debido a esto se solicitó y ya fue entregada información que se refiere a dicho plan en relación Ecuador. A la fecha, Fiscalía analiza la información de personas que estarían vinculadas con el mismo.
Además, el fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, gestiona ante la Embajada de Ecuador en Estados Unidos para que se desclasifiquen archivos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, siglas en inglés), que tengan relación con el ‘Plan Cóndor’.
Asimismo se cuenta con el apoyo de Martín Almada, una víctima del ‘Plan Cóndor’ en Paraguay. En este caso, el objetivo es obtener información reservada del Vaticano sobre el ‘Plan Cóndor’ en Ecuador y que pudiera estar vinculada con la muerte del expresidente.
