La Embajada de Ecuador en España informó hoy de que los damnificados se reunieron el jueves con el Defensor del Pueblo ecuatoriano, Ramiro Rivadeneira, y con el embajador de Quito en Madrid, Miguel Calahorrano, para conocer las acciones que se iban a seguir.
Calahorrano comunicó la instrucción del canciller Guillaume Long para que un abogado represente a la plataforma de afectados y coordine las medidas que deban tomarse en España.
Por su parte, Rivadeneira afirmó que la Defensoría vigilará el proceso penal que se abrirá en Ecuador y realizará las gestiones para acompañar el caso en España, al asegurar que los damnificados podrán ir a las oficinas de esa institución en Ecuador para recibir asesoría sobre el trámite a seguir.
La empresa OGC, cuya sede central está en Madrid y tiene delegaciones en otras provincias españolas, cerró sin previo aviso el 7 de marzo, por lo que miles de cajas enviadas a Ecuador se han quedado sin llegar a su destino.
También hay afectados en Londres, Francia, Italia, Alemania y Bruselas.
Hasta el momento se han localizado 42 contenedores con estas mercancías, según la Aduana Ecuatoriana, pero «no se descarta que aparezcan más a lo largo de la investigación», afirmó el embajador.
El diplomático agregó que la Fiscalía investigará los paquetes antes de la entrega a sus destinatarios al haberse presentado también En Ecuador denuncias sobre el caso.
Tanto la Embajada como la Fiscalía del país suramericano han solicitado al Ministerio Público español que inicie las investigaciones pertinentes para establecer la responsabilidad de los autores, «cómplices y encubridores de este presunto delito», dijo el diplomático ecuatoriano.
Y recordó a los afectados residentes en España que es imprescindible presentar la denuncia ante la Policía española y guardar los documentos que OGC les haya entregado como respaldo de los envíos realizados, que deberán estar certificados por un notario público o ante los Consulados de Ecuador en el país.
